27/04/2026 · BOE-B-2026-13181
La Subdelegación del Gobierno en Lleida licita el servicio de seguridad y control de accesos
El contrato incluye la vigilancia de la Oficina de Extranjeros y la gestión de alarmas en tres sedes distintas de la ciudad. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de mayo de 2026.
La Subdelegación del Gobierno en Lleida, bajo la dependencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha hecho público el 27 de abril de 2026 el anuncio de licitación para la contratación del servicio de seguridad privada y control de accesos. El contrato, identificado con el número de expediente 202625000002, tiene como objetivo principal garantizar la protección del edificio situado en la Avenida Prat de la Riba 36, punto neurálgico donde se ubica la Oficina de Extranjeros.
Más allá de la vigilancia física del edificio principal, la licitación contempla una dimensión técnica específica: la conexión y el correcto funcionamiento de las centrales de alarmas de los archivos pertenecientes a la Oficina de Extranjeros. Estas instalaciones se distribuyen en dos ubicaciones adicionales en la ciudad de Lleida, concretamente en la Avenida del Ejército 10 y la Avenida Catalunya 1, lo que obliga a la empresa adjudicataria a coordinar la seguridad en tres puntos geográficos distintos.
El procedimiento se ha definido como un proceso abierto, permitiendo la concurrencia de empresas que cumplan con los códigos de vocabulario común de contratación (CPV) 79714000 y 79710000, relativos a servicios de vigilancia y seguridad. La gestión administrativa del proceso está a cargo de José Crespín Gómez, Subdelegado del Gobierno en Lleida, quien firmó la convocatoria el pasado 21 de abril de 2026.
Las empresas interesadas disponen de un plazo restringido para la presentación de sus ofertas o solicitudes de participación, fijándose como fecha límite el 15 de mayo de 2026 a las 14:30 horas. Este movimiento administrativo refleja la necesidad de mantener la operatividad y seguridad en oficinas que gestionan trámites críticos de extranjería, donde el flujo de personas y la protección de archivos documentales son prioritarios para la Administración Pública.