27/04/2026 · BOE-A-2026-9159
El Gobierno actualiza la estrategia nacional contra incendios forestales ante la crisis climática
El Consejo de Ministros aprueba una nueva Directriz Básica de Planificación que homogeniza los planes de protección civil estatales, autonómicos y locales para hacer frente a incendios más frecuentes y graves.
El Consejo de Ministros, en su sesión del 21 de abril de 2026, ha aprobado la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales, publicada en el BOE el 27 de abril de 2026. Esta resolución, impulsada por el Ministerio del Interior y la Subsecretaria Susana Crisóstomo Sanz, surge como respuesta al incremento de la complejidad y frecuencia de los incendios, exacerbados por el cambio climático —citando que 2024 registró una temperatura media global 1,55°C superior a los niveles preindustriales— y la expansión de la interfaz urbano-forestal.
El nuevo marco normativo establece criterios mínimos comunes y metodologías homogéneas para que todas las administraciones públicas elaboren sus planes especiales. Destaca la introducción de un análisis de riesgo basado en la fórmula «Riesgo = Peligro × Vulnerabilidad», obligando a la creación de mapas de riesgo estáticos y dinámicos accesibles al público. Además, se implementa un Índice de Gravedad Potencial (IGP), graduado de 0 a 2, para priorizar la movilización de recursos según la amenaza a personas, infraestructuras críticas y biodiversidad.
En cuanto a la operatividad, el sistema se organiza en tres niveles de emergencia: la Situación Operativa 1 (control con medios propios), la Situación Operativa 2 (requerimiento de asistencia externa o estatal) y la Situación Operativa 3, correspondiente a las Emergencias de Interés Nacional declaradas por el Ministro del Interior. En este último caso, la Unidad Militar de Emergencias (UME) asume la dirección operativa bajo el mando del Ministerio, integrando los recursos autonómicos y locales en un Mando Operativo Integrado (MOPI).
La Directriz hace especial hincapié en la tecnología de alerta temprana, integrando obligatoriamente el sistema ES-Alert y la Red Nacional de Información (RENAIN). Asimismo, se imponen obligaciones estrictas de formación en autoprotección para la ciudadanía y la creación de Comités Científico-Técnicos para asesorar la toma de decisiones basada en datos. Se establece un plazo máximo de cuatro años para que todos los planes de protección civil existentes se adapten a esta nueva estructura.
Desde una perspectiva crítica, el documento subraya que estas medidas no supondrán un incremento del gasto público en dotaciones ni retribuciones de personal, lo que plantea interrogantes sobre cómo se financiarán las mejoras técnicas y la actualización de los catálogos de capacidades exigidos a las administraciones locales y autonómicas. No obstante, el consenso alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias sugiere un intento de cohesión territorial frente a una amenaza ambiental creciente.