27/04/2026 · BOE-A-2026-9157
España crea la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres para combatir la emergencia climática
El Gobierno establece un nuevo órgano colegiado multisectorial adscrito al Ministerio del Interior para transitar de una gestión reactiva a un modelo preventivo, alineado con el Marco de Sendai de Naciones Unidas.
El Consejo de Ministros, en su sesión del 21 de abril de 2026, ha aprobado la creación de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Esta medida, formalizada mediante resolución de la Subsecretaría del Interior el 23 de abril y publicada en el BOE el 27 de abril de 2026, responde al incremento en la frecuencia y complejidad de las catástrofes, especialmente aquellas vinculadas a la emergencia climática. El objetivo central es integrar la reducción del riesgo de forma transversal en las políticas públicas y la planificación del Estado, superando el enfoque tradicional de respuesta posterior al desastre.
Desde el punto de vista jurídico, la Plataforma se constituye como un órgano colegiado con naturaleza de grupo de trabajo, amparándose en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Estará adscrita orgánicamente al Ministerio del Interior, específicamente a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Sus funciones principales incluyen la identificación de prioridades en reducción de riesgos, la formulación de recomendaciones para planes nacionales y la implantación de la Estrategia Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, en cumplimiento de la 'meta E' del Marco de Sendai 2015-2030.
La estructura organizativa destaca por su carácter multisectorial. La Presidencia será ejercida por el titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, mientras que la Vicepresidencia recaerá en dos representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Pleno se completará con una amplia gama de vocalías que incluyen a todos los ministerios, las 17 Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, la FEMP, así como representantes de la comunidad científica, universidades, empresas de infraestructuras críticas, sindicatos, asociaciones civiles y medios de comunicación (representados por AMI y FAPE).
En cuanto a su funcionamiento, el Pleno deberá reunirse al menos una vez al año y podrá crear comisiones permanentes o grupos de trabajo específicos. Un detalle relevante es la exigencia de incluir sistemáticamente la variable de sexo en los datos relativos a personas físicas para fomentar la equidad. El Gobierno ha subrayado que la constitución de la Plataforma debe completarse en un plazo de seis meses desde la adopción del acuerdo y que su funcionamiento no supondrá un incremento del gasto público, ya que se cubrirá con los medios materiales y personales existentes en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Esta iniciativa se alinea con la II Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada el 15 de octubre de 2024, y busca fortalecer la articulación técnica y política entre el Estado, las autonomías y la sociedad civil. Al integrar a actores privados y académicos, el Gobierno pretende dotar al Sistema Nacional de Protección Civil de una capacidad de anticipación más robusta frente a desastres naturales y antrópicos.