27/04/2026 · BOE-A-2026-9100
El Ministerio para la Transformación Digital resuelve la provisión de puestos de alta responsabilidad técnica
La Subsecretaría formaliza el nombramiento de dos perfiles especializados para la Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales mediante el sistema de libre designación.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha hecho pública, con fecha de publicación en el BOE el 27 de abril de 2026, la resolución de la convocatoria de libre designación iniciada el pasado 11 de marzo. A través de este procedimiento, la Subsecretaría ha adjudicado dos puestos estratégicos dentro de la Subsecretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, específicamente integrados en la Subgeneralidad de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.
Entre los nombramientos destaca la designación de Esther Bagues Arias como Vocal Asesor/a (puesto 4878573), una posición de nivel 30, y la de Diego Oteo Ortiz como Coordinador/a de Área de Comprobación Técnica de Emisiones (puesto 3760405), con un nivel 29. Ambos adjudicatarios pertenecen al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (Grupo A1), lo que subraya la apuesta por perfiles técnicos especializados para liderar la inspección y supervisión del sector digital en Madrid.
La resolución, firmada por el Subsecretario Fernando Valdés Verelst el 20 de abril de 2026, se fundamenta legalmente en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984 y en las atribuciones conferidas por la Ley 40/2015. El proceso ha seguido estrictamente la tramitación exigida por el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, asegurando que los elegidos cumplen con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas para tales cargos.
Desde un punto de vista crítico, el uso de la libre designación permite a la Administración una selección más ágil y ajustada a las necesidades específicas del puesto, aunque siempre sujeta a la fiscalización administrativa. Para garantizar la transparencia, la resolución abre la vía de impugnación mediante un recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes o, alternativamente, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de dos meses.