27/04/2026 · BOE-A-2026-9091
El Ministerio de Política Territorial resuelve parcialmente la provisión de puestos de libre designación
La Subsecretaría adjudica tres cargos estratégicos en las secretarías de Política Territorial y Memoria Democrática, consolidando la estructura organizativa del departamento.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado, con fecha 27 de abril de 2026, la resolución dictada el 20 de abril por la Subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, Berta Pérez Hernández. A través de este documento, se resuelve de manera parcial la convocatoria de libre designación iniciada el 23 de enero de 2026, procediendo a la adjudicación de puestos de trabajo específicos dentro de la estructura del Ministerio.
Entre las adjudicaciones más destacadas se encuentra el nombramiento de Alfonso Benito García como Inspector General Adjunto en la Inspección de Servicios de la Administración General del Estado en el Territorio (puesto 1951148), un cargo de nivel 29 ubicado en Madrid. Asimismo, se ha designado a José María Gómez Fernández como Ayudante de Secretaría en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (puesto 5740762) con nivel 17, y a M. Begoña Gutiérrez Sánchez como Secretaria del Director de Gabinete en la misma Secretaría de Estado (puesto 5740756) con nivel 16.
La resolución se fundamenta legalmente en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984 y el artículo 38.2 del Real Decreto 364/1995, normativas que regulan el ingreso y la provisión de puestos en la Administración General del Estado. El proceso ha seguido los trámites establecidos en el artículo 54 del citado reglamento, asegurando la adecuación administrativa de los nombramientos efectuados por la Subsecretaría en ejercicio de sus funciones según la Ley 40/2015.
Respecto a la impugnación de estas decisiones, la resolución pone fin a la vía administrativa. Los interesados disponen de un plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación, para interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano emisor. Alternativamente, pueden presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de su comunidad autónoma, siguiendo lo establecido en la Ley 29/1998.