25/04/2026 · BOE-A-2026-9043
Canarias adapta su sistema de dependencia para implementar el nuevo Grado III+ de dependencia extrema
El Gobierno canario modifica el régimen de prestaciones económicas y la Ley de Servicios Sociales para dar respuesta a la normativa estatal y garantizar la asistencia personal en casos de alta complejidad.
El Gobierno de Canarias ha promulgado el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, con el objetivo de actualizar el marco normativo de las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia. Esta medida responde a la necesidad urgente de adaptar la legislación autonómica al nuevo Grado III+ de dependencia extrema, creado por el Real Decreto-ley 11/2025 y motivado por la Ley 3/2024 (conocida como 'Ley ELA'), destinada a mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otros procesos irreversibles de alta complejidad.
La norma modifica sustancialmente el Decreto-ley 3/2023, de 23 de marzo, introduciendo una regulación completa de la prestación económica de asistencia personal. Hasta ahora, esta modalidad carecía de un desarrollo operativo total en la región; con la nueva disposición, se establecen formalmente las condiciones de acceso, el régimen de pago, la justificación del gasto y la fijación de las cuantías máximas. Estas últimas serán asumidas con cargo al nivel adicional de protección de la Comunidad Autónoma de Canarias, asegurando que los beneficiarios del Grado III+ cuenten con el apoyo necesario para el acceso a la educación, el trabajo y una vida autónoma.
Además de la creación del nuevo grado de dependencia, el texto legal interviene en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Específicamente, se modifica la disposición adicional decimotercera para ajustar el régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones. Esta adecuación busca evitar lagunas jurídicas y demoras administrativas en la tramitación de expedientes, garantizando que la transición hacia el nuevo modelo de asistencia no deje a los ciudadanos en situación de desprotección.
La utilización del instrumento de decreto-ley ha sido justificada por el Ejecutivo canario basándose en la 'extraordinaria y urgente necesidad' de alinearse con la normativa básica estatal. El proceso ha contado con la propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, María Candelaria Delgado Toledo, y la firma del Presidente, Fernando Clavijo Batlle. La norma entró en vigor el 11 de marzo de 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias el día 10, y fue posteriormente convalidada por el Parlamento de Canarias el 8 de abril de 2026.