03/04/2026 · BOE-A-2026-7560
Canarias aprueba unos Presupuestos para 2026 de 13.155 millones con aumentos en sanidad y educación, pero alerta de incertidumbre por la falta de información del Gobierno central
La Ley 9/2025 prevé un crecimiento del gasto no financiero del 6,96%, hasta los 12.491 millones, y un déficit del 0,1% del PIB. Las partidas sociales suman 8.191 millones, mientras que Transición Ecológica se incrementa un 44,78%. El texto incluye reformas fiscales y advierte de riesgos por la inestabilidad internacional y la tercera prórroga presupuestaria estatal.
El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de abril de 2026. Los presupuestos consolidados ascienden a 13.155.789.153 euros, con un gasto no financiero (dotación inicial para políticas públicas) de 12.491,44 millones, lo que supone un incremento del 6,96% respecto al ejercicio anterior. El texto destina 8.190,76 millones a servicios públicos esenciales en sanidad, educación, bienestar social y vivienda, un aumento de 489,51 millones. El departamento de Transición Ecológica y Energía experimenta el mayor crecimiento relativo, del 44,78%, alcanzando 453,63 millones, en gran parte financiados por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El preámbulo de la ley refleja un contexto de "elevada incertidumbre" económica, atribuida a los conflictos internacionales, la política comercial de EE.UU. y, de manera destacada, a "la falta de concreción por parte del Gobierno de España, por tercer año consecutivo, de información presupuestaria relevante" para la elaboración de las cuentas autonómicas. La comunidad critica la posibilidad de una tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la ausencia de objetivos de estabilidad para el período 2026-2028, lo que, según el texto, "constituye un condicionante para la ejecución presupuestaria". A falta de esos datos, Canarias aplica una tasa de referencia de crecimiento del PIB del 3,3%, la incluida en el informe de 2024.
En materia fiscal, los presupuestos incorporan medidas para reducir la carga tributaria, como la mejora de los requisitos para aplicar tipos reducidos en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y en Transmisiones Patrimoniales, elevando los límites de renta y la edad del adquirente de 35 a 40 años. También se actualizan los límites de renta para las deducciones autonómicas en el IRPF y se deflacta la tarifa autonómica. Se crea un tipo específico del 1% en el IGIC para el petróleo y derivados, y se incrementa la tributación de bebidas energéticas y refrescos azucarados. En el Impuesto sobre las Labores del Tabaco se suben ligeramente los gravámenes de cigarrillos y productos de tabaco calentado.
La deuda pública prevista a 31 de diciembre de 2026 es del 10,4% del PIB nominal, con un endeudamiento estimado de 6.680 millones de euros. La ley autoriza a la Consejería de Hacienda a incrementar la deuda hasta el límite que fije el Gobierno de España conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria. Standard & Poor's mantiene la calificación crediticia de Canarias en A+ con perspectiva estable. El texto también establece un límite del 1% para anticipos de tesorería y regula exhaustivamente las modificaciones de crédito, las operaciones de endeudamiento de entes públicos y la concesión de avales.
En el capítulo de personal, se congela la masa salarial del sector público autonómico para 2026, salvo el incremento que pueda fijar la normativa básica estatal. Se crea un fondo de acción social de 6,75 millones de euros y se regulan las condiciones para la contratación temporal y las ofertas de empleo público. Se prorrogan los complementos retributivos del personal docente e investigador universitario hasta el 31 de diciembre de 2026. La ley también habilita al Gobierno para ampliar en 251 plazas el catálogo de puestos de la Policía Canaria, sin cobertura presupuestaria adicional.
Finalmente, la norma incluye sesenta y nueve disposiciones adicionales y múltiples modificaciones de otras leyes, como la Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias, la Ley 2/2025, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, o la Ley 5/2018, de memoria histórica. También prorroga para 2026 la bonificación del 100% de la tasa por dirección e inspección de obras y establece bonificaciones extraordinarias al precio de combustibles en islas no capitalinas. La ley entra en vigor el 1 de enero de 2026.