12/03/2026 · BOE-A-2026-5843
La AEAT aprueba las directrices para intensificar el control fiscal en 2026 con foco en grandes patrimonios, comercio electrónico y criptoactivos
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero prioriza la lucha contra la economía sumergida, el fraude en IVA y la colaboración internacional. Se establecen nuevas herramientas de información, se amplía el intercambio de datos financieros y se elimina la franquicia aduanera de 150 euros.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 12 de marzo de 2026 las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el ejercicio 2026, una hoja de ruta que detalla las líneas de actuación prioritarias en materia de información, prevención, investigación y represión del fraude. La resolución, firmada por la directora general Soledad Fernández Doctor, establece un enfoque plurianual alineado con el Plan Estratégico 2024-2027 y refleja la voluntad de la administración tributaria de adaptar sus métodos a los nuevos riesgos fiscales derivados de la digitalización y la globalización.
En el ámbito de la información y asistencia, la AEAT consolidará su modelo omnicanal con la incorporación de personal laboral dedicado exclusivamente a la atención presencial y telefónica, y desarrollará nuevas herramientas virtuales como el Asistente virtual del Impuesto sobre la Renta de No Residentes o el Informador a la exportación. Para la Campaña de Renta 2025, se mantendrá la opción 'Renta DIRECTA' y se ampliarán los medios de pago a Bizum y tarjeta electrónica a través de la App de la Agencia. Además, se avanzará en la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, conforme a la Ley 18/2022, y se simplificarán los documentos administrativos para facilitar el cumplimiento voluntario.
La prevención del fraude se reforzará con la consolidación de las autoliquidaciones rectificativas para IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades, y con la obtención de información mensual sobre titularidades de cuentas bancarias y cobros mediante tarjetas (TPV) o pagos asociados a números de móvil. Asimismo, se amplía el ámbito subjetivo de declaraciones informativas como los modelos 196 y 170, y se aprueba el nuevo modelo 174 sobre todo tipo de tarjetas, en cumplimiento del artículo 38 ter del Reglamento General de actuaciones tributarias. Estas medidas se enmarcan en la transposición de directivas europeas como la DAC8, que incorpora criptoactivos y dinero electrónico al intercambio automático de información.
La investigación y el control inspector se centrarán en contribuyentes de alto riesgo: grandes empresas y grupos fiscales, operaciones de precios de transferencia, economía sumergida –con especial atención a negocios que no admiten pagos con tarjeta–, sector inmobiliario en auge, comercio electrónico –tras la eliminación de la franquicia de 150 euros en aduanas– y nuevas formas de negocio como el marketing de influencia en redes sociales. La AEAT también potenciará el control sobre criptoactivos, neobanca y entidades de pago, utilizando la información de los modelos 172, 173 y 721. En materia aduanera, se intensificará la cooperación internacional contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, con refuerzo de la vigilancia en puertos y el control de impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco.
En fase recaudatoria, se desarrollarán aplicaciones para la selección de deudores agrupados por conductas fraudulentas, se mejorarán los procedimientos de embargo de cuentas y TPV, y se impulsarán las derivaciones de responsabilidad y medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales. La colaboración con las comunidades autónomas incluirá intercambios de información a través del Censo Único Compartido y la cesión de datos financieros DAC2, mientras que con las haciendas forales se coordinarán actuaciones contra el fraude en IVA y hidrocarburos, en aplicación de la Ley 7/2024.
El plan, que se enmarca en un contexto normativo europeo en evolución –con directivas como la FASTER (2025/50/UE) sobre retenciones a no residentes–, supone un refuerzo significativo de las capacidades de control de la AEAT, aunque plantea desafíos en términos de protección de datos y carga administrativa para contribuyentes. Su éxito dependerá de la coordinación entre administraciones y de la dotación de recursos tecnológicos y humanos adecuados.