28/02/2026 · BOE-A-2026-4669
El Congreso deroga el decreto-ley que garantizaba la accesibilidad equitativa en situaciones de emergencia
La mayoría parlamentaria tumba la norma que prohibía sobreprecios y garantizaba suministros básicos durante crisis, dejando sin efecto cambios en la ley de defensa de consumidores.
El Congreso de los Diputados ha acordado la derogación del Real Decreto-ley 4/2026, una norma impulsada por el Gobierno para proteger a los consumidores durante emergencias. La resolución, firmada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol Socias, y publicada en el BOE el 28 de febrero de 2026, da marcha atrás a un texto legal que había sido aprobado apenas dos semanas antes, el 10 de febrero, y publicado el 11 de febrero en el Boletín Oficial del Estado número 37.
El decreto-ley derogado tenía como objetivo garantizar la "accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia", una medida que buscaba evitar especulaciones con precios y asegurar el suministro de productos esenciales durante catástrofes o crisis graves. Su derogación implica que las modificaciones que introdujo en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, quedan ahora sin efecto.
Concretamente, la norma derogada había modificado el artículo 20.1 y añadido un nuevo artículo 20 ter a la ley de consumidores. Estos cambios, que ahora se desactivan, estaban destinados a establecer mecanismos específicos de control de precios y distribución de bienes en contextos de emergencia declarada oficialmente, afectando áreas como la comercialización, los contratos, los transportes y la protección civil.
El procedimiento de derogación se ha realizado en aplicación del artículo 86.2 de la Constitución Española, que regula el trámite de los reales decretos-leyes. Este artículo establece que el Congreso debe convalidar o derogar estos decretos en un plazo muy corto desde su aprobación por el Gobierno. La sesión parlamentaria que decidió la derogación tuvo lugar el 26 de febrero de 2026, evidenciando la falta de apoyo de la mayoría de la Cámara a la iniciativa del Ejecutivo.
La decisión tiene implicaciones prácticas inmediatas: desaparece el marco legal específico que prohibía prácticas abusivas como la subida desproporcionada de precios de alimentos, agua, medicamentos o combustible durante emergencias, y elimina las herramientas que obligaban a garantizar el acceso a servicios básicos de transporte y comunicación en esas situaciones. El escenario legal retorna así al estado previo al 10 de febrero de 2026, sin normativa ad hoc para crisis.