28/02/2026 · BOE-A-2026-4667
El Congreso deroga el real decreto-ley de medidas urgentes contra la vulnerabilidad social y fiscal
La Cámara Baja, en sesión del 26 de febrero, tumba la norma aprobada por el Gobierno el pasado 3 de febrero. El acuerdo, impulsado por la oposición, deja sin efecto las disposiciones en materia tributaria y de financiación territorial contenidas en el decreto.
El Congreso de los Diputados ha acordado la derogación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, una norma del Gobierno que contenía medidas urgentes para abordar situaciones de vulnerabilidad social, así como disposiciones en el ámbito tributario y de los recursos de los sistemas de financiación territorial. La resolución, firmada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol Socias, se adoptó en la sesión celebrada el 26 de febrero de 2026 y se publica este 28 de febrero en el Boletín Oficial del Estado.
La decisión se fundamenta en el procedimiento de convalidación o derogación establecido en el artículo 86.2 de la Constitución Española, que otorga al Congreso la potestad de ratificar o derogar los decretos-leyes aprobados por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El real decreto-ley derogado había sido publicado en el BOE el 4 de febrero de 2026, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del 3 de febrero.
La derogación supone un revés para la política social y económica del Ejecutivo, ya que deja sin efecto de manera inmediata todas las medidas que el decreto contenía. Aunque el texto de la resolución no detalla el contenido específico derogado, el análisis de materias asociado al documento revela que afectaba a áreas sensibles como los desahucios, ayudas a la pobreza, impuestos sobre la renta, sociedades e IVA, así como a la financiación de las comunidades autónomas, el consumo energético y sectores como la agricultura, el transporte o la vivienda.
El acuerdo parlamentario también tiene efectos en cascada sobre diversas normas modificadas por el ahora derogado real decreto-ley. Según las referencias legales, la derogación deja sin efecto modificaciones introducidas en legislación previa, que abarca desde el Real Decreto-ley 1/2025 hasta leyes como la 35/2006 del Impuesto sobre la Renta o la 37/1992 del IVA, con implicaciones retroactivas en algunos casos señalados a partir del 1 de enero de 2025.
La medida sitúa en primer plano la dinámica política en el Congreso, donde una mayoría de diputados ha considerado que el decreto-ley no cumplía con los requisitos de urgencia y necesidad extraordinaria o que sus disposiciones no eran las adecuadas. Esta decisión obligará al Gobierno, si pretende mantener alguna de las políticas contempladas, a buscar alternativas a través de la vía legislativa ordinaria o a presentar un nuevo proyecto que cuente con el apoyo parlamentario necesario.