26/02/2026 · BOE-A-2026-4380
El Gobierno modifica las bases de las ayudas al hidrógeno verde para agilizar la segunda convocatoria
El Real Decreto 149/2026 adapta los plazos del programa 'Subasta como Servicio' del Banco Europeo del Hidrógeno para cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación y acceder a los fondos europeos.
El Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, ha aprobado el Real Decreto 149/2026, de 25 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de febrero de 2026. Esta norma modifica aspectos puntuales del Real Decreto 535/2025, de 24 de junio, que estableció las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) dentro del esquema 'Subasta como Servicio' del Banco Europeo del Hidrógeno.
El objetivo principal de la modificación es adaptar los plazos de la segunda convocatoria de ayudas a los establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través del mecanismo Next Generation EU. Esta adecuación es crucial para poder ejecutar la financiación de la segunda convocatoria con los fondos del PRTR y así cumplir con los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas, vinculados a las componentes 9 (C9.I1) y 31 (C31.I2) del Plan.
Las modificaciones técnicas introducidas afectan específicamente al artículo 4 (apartados 3, 4 y 5) y al artículo 13 del real decreto original. El artículo 13 pasa a denominarse 'Garantía de participación y de ejecución del proyecto subvencionado', lo que sugiere un ajuste en las condiciones de garantía exigidas a los beneficiarios. El Gobierno justifica los cambios bajo los principios de buena regulación, argumentando que son necesarios para asegurar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, sin imponer nuevas cargas administrativas.
La norma se fundamenta en la habilitación contenida en los artículos 47 y 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes para la modernización de la Administración y la ejecución del PRTR. Además, se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de bases de la planificación económica, fomento de la investigación y bases del régimen energético (artículo 149.1 de la Constitución). En su tramitación se emitieron los informes preceptivos de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada.
Con esta modificación, el Ejecutivo busca acelerar el despliegue de proyectos de hidrógeno renovable en España, una tecnología clave en la transición ecológica. La crítica subyacente podría centrarse en la necesidad de realizar ajustes normativos de urgencia para cuadrar los plazos europeos, lo que plantea interrogantes sobre la planificación inicial. No obstante, la medida permite mantener el flujo de financiación para un sector estratégico, contribuyendo a la recuperación económica y al posicionamiento industrial español en la cadena de valor del hidrógeno verde.