19/02/2026 · BOE-A-2026-3810
El Gobierno aprueba un real decreto-ley de medidas urgentes con 5.900 millones para reparar los daños de las borrascas en Andalucía y Extremadura
La norma, publicada tras la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, despliega un amplio paquete de ayudas directas, beneficios fiscales y apoyo al empleo para paliar los efectos de los temporales de comienzos de 2026. Incluye créditos extraordinarios por valor de miles de millones de euros.
El Consejo de Ministros, en su reunión del 10 de febrero de 2026, acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los territorios damnificados por inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. Esta declaración, fundamentada en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, habilita al Gobierno a actuar con urgencia, amparándose en el artículo 86 de la Constitución. En consecuencia, se ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de febrero de 2026, que establece un extenso catálogo de medidas de respuesta, con un impacto presupuestario inicial que supera los 5.900 millones de euros en créditos extraordinarios.
La norma contempla ayudas directas a particulares y empresas gestionadas por el Ministerio del Interior. Para daños personales, se eleva la ayuda por fallecimiento a 72.000 euros y se elimina el requisito de dependencia económica. En viviendas, se incrementan las cuantías máximas, llegando a 60.480 euros por destrucción total, y se introduce la novedosa figura del anticipo a cuenta del 50% mediante declaración responsable. También se concede una ayuda de 150 euros por persona y día a los desalojados. Para autónomos y empresas cuyas actividades se hayan visto perturbadas en municipios afectados, se establecen ayudas directas que van desde 5.000 euros para autónomos hasta 150.000 euros para empresas con volumen de operaciones superior a 10 millones, exentas de tributación.
El sector primario recibe un apoyo específico y cuantioso. Se aprueba una ayuda extraordinaria para explotaciones agrarias y acuícolas localizadas en municipios afectados de Andalucía y Extremadura, con un crédito de 2.121 millones de euros. La cuantía individual oscilará entre 5.000 y 25.000 euros, calculada como el 30% de los ingresos agrarios declarados. Además, se compensa el daño no indemnizado por los seguros agrarios y se incrementa la subvención a la prima hasta el 70% de su coste. Para la pesca, se establece una ayuda para compensar la pérdida de renta de los buques afectados en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, con un crédito de 10 millones de euros.
En el ámbito tributario y laboral, se conceden exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas para 2026, con una compensación a las entidades locales que asciende a 320 millones de euros. Se modifican los índices de rendimiento neto en el IRPF para actividades agrarias dañadas y se elimina la tributación para perceptores del nuevo Salario Mínimo Interprofesional de 2026 (17.094 euros). En empleo, se facilita la tramitación de expedientes de regulación temporal por fuerza mayor, se aplica un régimen especial de prestación por desempleo con el 70% de la base reguladora sin periodo de carencia, y se prohíbe el despido en empresas beneficiarias de las ayudas.
La financiación de todas estas medidas se realiza mediante la concesión de múltiples créditos extraordinarios. Destacan los 2.000 millones para ayudas a entidades locales en infraestructuras, 120 millones para ayudas directas a empresas, 500 millones para financiación a través del Fondo de Entidades Locales, y cientos de millones para reparación de infraestructuras hidráulicas, de costa y de transporte. Además, se habilita una línea de avales por 250 millones para la reconversión empresarial. El real decreto-ley también incluye medidas de protección al consumidor, suspendiendo plazos de desistimiento y facilitando la resolución de contratos, y refuerza las plantillas del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Democrático con un crédito de 40 millones.