14/02/2026 · BOE-A-2026-3385
Galicia aprueba una extensa ley de medidas fiscales y administrativas con incentivos por incendios y reformas multisectoriales
La Ley 5/2025, publicada en el BOE el 14 de febrero de 2026, introduce deducciones en el IRPF para damnificados por los incendios forestales de 2025 y personas con enfermedades graves, bonificaciones en la adquisición de vivienda y decenas de modificaciones en sanidad, educación, medio ambiente y empleo público. La norma, de carácter transversal, entra en vigor el 1 de enero de 2026 con algunos efectos retroactivos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 14 de febrero de 2026 la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Galicia, una normativa de acompañamiento presupuestario que agrupa un amplio abanico de disposiciones con vocación de permanencia. Con 169 páginas en el diario oficial, la ley se estructura en dos títulos principales: medidas fiscales (tributos cedidos, tasas y precios públicos) y medidas administrativas, estas últimas desglosadas en trece capítulos que abarcan desde seguridad pública y medio ambiente hasta sanidad, cultura y medio rural. El texto, promulgado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, tiene como objetivo declarado contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución del presupuesto autonómico para 2026.
Entre las medidas fiscales más destacadas figuran varias deducciones en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se elimina la tributación de las ayudas reguladas en el Decreto 76/2025 para reparar daños causados por los incendios forestales del verano y otoño de 2025, con efectos desde el 28 de julio de ese año. Asimismo, se establecen deducciones para las ayudas públicas percibidas por personas diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica (aplicable desde el 1 de enero de 2025) y por afectados por la talidomida entre 1950 y 1985 (con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023). En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), se incrementa el límite para aplicar el tipo reducido a víctimas de violencia de género, tomando como referencia un precio medio de vivienda de 240.000 euros. También se introduce un tipo general del 4% para los contratos de vitalicio que impliquen transmisión de bienes inmuebles y se establecen bonificaciones para familias monoparentales.
El título administrativo introduce modificaciones sustanciales en múltiples sectores. En medio ambiente, se aclara y refuerza la declaración de interés público superior de los parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación, en línea con la normativa europea, y se flexibilizan requisitos para desbroces en la Red Natura 2000. En vivienda, se agiliza la construcción de viviendas protegidas o alojamientos compartidos en suelos dotacionales y se simplifica la tramitación de proyectos de interés autonómico para creación de suelo residencial, con el compromiso de que el 80% de las viviendas sean protegidas. En sanidad, se crea la categoría estatutaria de ingeniero/a biomédico/a en el Servicio Gallego de Salud y se reactiva por tres años el régimen extraordinario para provisión de puestos de difícil cobertura de especialistas sanitarios. Además, se modifican aspectos de la ordenación farmacéutica, como el cierre provisional de oficinas de farmacia.
Otras áreas afectadas incluyen el empleo público, con la eliminación del periodo de prueba para funcionarios interinos y la supresión de la adjudicación provisional de destinos tras procesos selectivos; la cultura, con una reforma de la Ley del Patrimonio Cultural que transfiere competencias de autorización a los ayuntamientos para bienes catalogados; y el medio rural, donde se refuerzan las medidas de prevención de incendios forestales, se amplía la moratoria de plantaciones de eucalipto hasta el 31 de diciembre de 2030 y se simplifica la tramitación de talas. La ley también contiene disposiciones sobre transporte público, espectáculos, comercio, consumo y administración digital, entre otros.
Desde una perspectiva crítica, la norma se presenta como un paquete omnibus que acumula cambios dispersos en respuesta a necesidades puntuales –como la emergencia por incendios– o a demandas sectoriales, lo que podría plantear interrogantes sobre su coherencia global y la oportunidad de abordar reformas estructurales de manera más focalizada. Algunas medidas, como los incentivos fiscales para grupos vulnerables o la agilización de trámites en vivienda, pueden tener un impacto social positivo inmediato, mientras que otras, como la declaración de interés público superior para la energía eólica, podrían generar controversia por su posible afección a la protección del paisaje. La ley, no obstante, se ampara en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes de acompañamiento y en la necesidad de ejecutar el programa gubernamental.
La entrada en vigor general de la ley está fijada para el 1 de enero de 2026, aunque varias disposiciones tienen efectos retroactivos. Por ejemplo, las exenciones de tasas y cánones por los incendios de 2025 se aplican desde el 28 de julio de ese año; la deducción por talidomida desde el 1 de enero de 2023; y la deducción por libros de texto y material escolar solo para adquisiciones facturadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. Las modificaciones en materia de transparencia y buen gobierno, que incluyen la creación del Comisionado de la Transparencia adscrito al Consejo Consultivo de Galicia, surtirán efectos desde el 1 de mayo de 2026.