12/02/2026 · BOE-A-2026-3284
Corrección de una cifra en los fondos para adaptar servicios de dependencia a personas con enfermedades complejas
El BOE rectifica un error tipográfico en la cuantía asignada para adaptar la asistencia personal y la ayuda a domicilio a beneficiarios de la Ley de ELA. La modificación afecta a nueve euros en una partida de casi diez mil.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 12 de febrero de 2026 ha publicado una corrección de errores de una resolución anterior sobre la adaptación de servicios sociales para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. La Resolución de 4 de febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dirigida por María Rosa Martínez Rodríguez, enmienda un dato económico en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adoptado el 9 de diciembre de 2025.
El error, detectado en la publicación original del 2 de enero de 2026, se localiza en un apartado donde se especificaba una cantidad económica. Concretamente, donde inicialmente se indicaba "9.850 euros", la cifra correcta es "9.859 euros". Se trata, por tanto, de una rectificación puramente aritmética que ajusta la cifra en nueve euros.
El acuerdo original, cuya esencia no se modifica, establece las directrices para adaptar la prestación de asistencia personal y el Servicio de Ayuda a Domicilio –recogidos en los artículos 19 y 23 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia– a las necesidades específicas de las personas beneficiarias de la Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras patologías complejas e irreversibles.
Este procedimiento de corrección es habitual en la publicación de disposiciones oficiales y garantiza la exactitud de los datos que tienen implicaciones presupuestarias y administrativas. Aunque la enmienda es cuantitativamente menor, su publicación formal es necesaria para asegurar la transparencia y la precisión legal de los documentos que rigen la distribución de recursos públicos en el ámbito de la dependencia y la discapacidad.