El Puerto de Sevilla actualiza tras 38 años el valor de sus terrenos y aguas, con disparidades de hasta 242 euros por metro cuadrado

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado una nueva valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Sevilla, un paso técnico pero con un impacto económico directo sobre las empresas que operan en el recinto portuario. La Orden TRM/81/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de febrero de 2026, sustituye a la normativa anterior, que databa de una Orden de 16 de junio de 1988, convalidada en 1996, y que llevaba por tanto 38 años sin una revisión integral. La nueva valoración es el resultado de una propuesta de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), remitida en abril de 2025, y se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 175 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que exige una revisión al menos cada diez años o cuando cambien las circunstancias que afecten al valor.

La principal función de esta actualización es establecer la base imponible de la 'tasa de ocupación', un tributo que pagan las empresas y entidades que ocupan el dominio público portuario mediante concesión o autorización. La ley obliga a determinar el valor de mercado de los terrenos, dividiendo la zona de servicio en áreas funcionales homogéneas. En el caso de Sevilla, la división es extensa y detallada: 15 áreas terrestres (algunas con subáreas) y 3 áreas de lámina de agua, además de la valoración específica de los faros de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. La descripción geográfica de cada área ocupa gran parte del documento oficial, reflejando la complejidad del recinto portuario, que abarca desde la zona de Delicias y Tablada hasta la Zona Franca, Punta del Verde e instalaciones dispersas a lo largo del Guadalquivir.

Los valores asignados presentan disparidades muy significativas, lo que evidencia las diferentes características y potencial económico de cada zona. En el extremo superior, la subárea 1D, en la orilla este del canal Alfonso XIII entre los puentes de Los Remedios y San Telmo, alcanza un valor de 242,71 euros por metro cuadrado. Otras zonas céntricas, como el área 2 (Muelle de Tablada) y la subárea 1A, superan los 192 euros/m². En el otro extremo, el área 13B, que incluye la Isleta y la Isla de los Olivillos en el término de Puebla del Río, tiene un valor testimonial de 0,48 euros/m². Las zonas logísticas e industriales del sur del puerto, como las áreas 8, 9, 10 y 11, presentan valores más moderados, que oscilan entre los 34,29 y los 26,57 euros/m².

Una particularidad destacada en el expediente es que la nueva valoración se ha tramitado sin que exista un Plan de Utilización de Espacios Portuarios o una Delimitación de Espacios y Usos Portuarios definitiva y actualizada para toda la zona de servicio. La Autoridad Portuaria se ha basado en la descripción contenida en la memoria de una propuesta de delimitación que estaba en trámite, amparándose también en una disposición transitoria de la ley. El Ministerio justifica la necesidad de la revisión por dos motivos: el transcurso de más de una década desde la última determinación de la base imponible y la reciente aprobación de una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios en septiembre de 2025 (Orden TRM/1130/2025).

La orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE (12 de febrero de 2026). Su aplicación práctica implicará que la Autoridad Portuaria de Sevilla recalcule la tasa de ocupación que pagan los actuales concesionarios y autorizados, lo que podría suponer incrementos o reducciones en sus cargas fiscales en función de la zona que ocupen. El documento incluye una 'Memoria Económico-Financiera' que analiza este impacto, aunque no se hacen públicos sus detalles cuantitativos en la orden. Esta actualización, largamente esperada, busca alinear la fiscalidad portuaria con los valores reales del suelo, pero su despliegue en un entorno industrial y logístico complejo como el del Puerto de Sevilla deberá ser observado en términos de su efecto sobre la competitividad de las empresas instaladas.