09/02/2026 · BOE-A-2026-3005
El Gobierno Vasco aprueba la estructura de la nueva Oficina Judicial para Donostia/San Sebastián y la Audiencia Provincial de Gipuzkoa
La orden, publicada el 9 de febrero de 2026 y con efectos desde el 30 de diciembre de 2025, despliega el modelo de organización colegiada derivado de la Ley Orgánica 1/2025 y diseña los servicios comunes de apoyo al Tribunal de Instancia y a la Audiencia Provincial.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha aprobado, mediante una orden fechada el 28 de noviembre de 2025, el diseño y estructura definitivos de la Oficina Judicial que dará soporte al Tribunal de Instancia del partido judicial de Donostia/San Sebastián y a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Esta orden, publicada en el BOE el 9 de febrero de 2026 y con fecha de entrada en vigor el 30 de diciembre de 2025, materializa el nuevo modelo organizativo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma sustituye el antiguo esquema de "Nueva Oficina Judicial" por un sistema de organización colegiada, con el fin declarado de agilizar los procesos y mejorar el apoyo a la actividad jurisdiccional.
La nueva Oficina Judicial se articula en tres grandes bloques de servicios comunes. El primero es el Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial, que asistirá a esta en los órdenes civil y penal. El segundo, y de mayor complejidad, es el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, el cual se subdivide en nueve áreas especializadas: Civil; Familia, Infancia y Capacidad; Mercantil; Instrucción; Violencia sobre la Mujer; Penal (con un equipo específico para ejecución penal); Menores; Contencioso-Administrativo; y Social. El tercer bloque es el Servicio Común General, dividido en las áreas de Actos de Comunicación y Ejecución, Registro y Reparto, y Servicios Generales.
La orden establece que la dirección de cada Servicio Común recaerá en un Letrado o Letrada de la Administración de Justicia, quien ejercerá la coordinación funcional del personal adscrito. El personal se integra por funcionarios de los Cuerpos de Letrados, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y, en el caso del Servicio Común General, también del Cuerpo de Auxilio Judicial. La norma detalla minuciosamente las funciones de cada unidad, desde la admisión de escritos y la gestión de agendas hasta la práctica de actos de comunicación, la atención a la ciudadanía, y la coordinación con la Oficina Fiscal y las Oficinas de Justicia municipales.
Este despliegue organizativo se enmarca en un proceso de implantación progresiva del nuevo modelo judicial. La Ley Orgánica 1/2025 estableció la constitución del Tribunal de Instancia de Donostia/San Sebastián para el 31 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual la presente orden despliega su estructura de apoyo. La transición implica la transformación de los antiguos Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia municipales. La orden habilita la posibilidad de establecer horarios y dedicaciones especiales para ciertos puestos, en función de las necesidades del servicio.
La reestructuración plantea importantes desafíos prácticos y críticas potenciales. Por un lado, busca centralizar y especializar funciones para ganar eficiencia, siguiendo modelos de referencia aprobados por la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia en junio de 2022. Por otro, la transición de un modelo basado en juzgados individuales a otro de tribunales colegiados con oficinas comunes supone un cambio cultural y organizativo profundo para el personal y para la gestión de los procedimientos. La efectividad del nuevo esquema dependerá en gran medida de una dotación de recursos humanos adecuada y de una coordinación fluida entre las diferentes áreas y servicios, aspectos que la orden encomienda a protocolos de actuación aún por desarrollar.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la consejera María Jesús Carmen San José López en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en dos meses. La norma se publicará también en el Boletín Oficial del País Vasco, y su efectividad plena quedará supeditada a una resolución posterior de la Directora de la Administración de Justicia vasca.