04/02/2026 · BOE-A-2026-2548
El Gobierno aprueba por decreto-ley la subida de las pensiones ante el bloqueo presupuestario
El Real Decreto-ley 3/2026 establece una revalorización del 2,7% para este año y adopta medidas urgentes en un contexto de prórroga de las cuentas públicas y tras la derogación de una norma similar.
En un contexto de bloqueo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, el Gobierno ha hecho uso de nuevo de la figura del decreto-ley para garantizar la revalorización anual de las pensiones públicas. El Real Decreto-ley 3/2026, aprobado el 3 de febrero y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 4, establece una subida del 2,7% para las pensiones contributivas y no contributivas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La norma, que el Ejecutivo justifica por "extraordinaria y urgente necesidad", viene a suplir la falta de una Ley de Presupuestos y reemplaza a un decreto-ley anterior que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados.
La medida central del texto es la actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas en un porcentaje equivalente a la media del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2025. Este incremento afecta a más de diez millones de pensionistas y busca, según la exposición de motivos, "garantizar el poder adquisitivo" de los mismos. La norma también fija los nuevos importes de las pensiones mínimas y de otras prestaciones sociales, como las no contributivas o las asignaciones familiares, que se incrementan en la misma proporción. El complemento para la reducción de la brecha de género se establece en 36,90 euros mensuales.
Junto a la revalorización, el decreto-ley introduce una batería de medidas en materia de cotización. Se actualiza el tope máximo de cotización a 5.101,20 euros mensuales y se mantiene el Mecanismo de Equidad Intergeneracional con un tipo del 0,90%. Asimismo, se regula una cotización adicional del 10,60% para bomberos forestales y agentes medioambientales, colectivos a los que recientemente se les ha reconocido un coeficiente reductor de la edad de jubilación.
Una de las modificaciones más destacadas fuera del ámbito estrictamente pensionístico es la supresión de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo presenten la declaración del IRPF. El texto argumenta que esta carga, introducida en 2024, resultaba administrativamente onerosa y podía generar obligaciones tributarias inesperadas para alrededor de 2,5 millones de personas. También se actualiza la tarifa de primas por contingencias profesionales para adaptarla a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2025).
El contexto político es clave para entender la aprobación de esta norma. Al no haberse aprobado los Presupuestos para 2026, rige la prórroga automática de los de 2023. Sin embargo, según la doctrina del Consejo de Estado, la revalorización de pensiones no se incluye en dicha prórroga, lo que obliga al Gobierno a buscar otras vías legales. Este es el segundo intento en poco más de un mes: un decreto-ley similar, el RDL 16/2025, fue derogado el 28 de enero al no ser convalidado por el Congreso. El Gobierno alega ahora que es "absolutamente urgente y necesario" aprobar este nuevo texto para que la subida aplicada en enero no se pierda, invocando el artículo 86 de la Constitución que regula los decretos-leyes.
Esta reiteración pone de manifiesto la tensión política en un año sin presupuestos y plantea interrogantes sobre el uso de una figura excepcional, concebida para situaciones de urgente necesidad, para materias previsibles y recurrentes como la subida anual de pensiones. La oposición y algunos juristas podrían cuestionar si se cumplen estrictamente los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que exige el Tribunal Constitucional, más allá del bloqueo parlamentario.
Otras medidas incluidas son la ampliación de plazos para la cancelación de antiguos préstamos del Estado a la Seguridad Social, por importes que superan los 6.000 millones de euros, y la prolongación de la compatibilidad entre jubilación y trabajo para médicos de familia y pediatras del Sistema Nacional de Salud, una medida destinada a paliar la falta de profesionales.
En definitiva, el Real Decreto-ley 3/2026 asegura el incremento de las pensiones y actualiza diversos aspectos del sistema de protección social, pero lo hace mediante un mecanismo de urgencia que refleja la parálisis en la aprobación de las cuentas públicas. Su tramitación posterior en el Congreso, donde podría ser enmendado o no convalidado, marcará la estabilidad de estas medidas y pondrá a prueba la solidez de la mayoría parlamentaria del Gobierno.