16/01/2026 · BOE-A-2026-945
El Gobierno andaluz aprueba un presupuesto para 2026 congelando salarios públicos y creando nuevas deducciones fiscales
La Ley 8/2025, que cierra la legislatura, prioriza incentivos a familias y deporte mientras mantiene la contención del gasto de personal y denuncia una infrafinanciación histórica por parte del Estado.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Presupuestos para el año 2026. Con un crédito consolidado de gastos que supera los 51.597 millones de euros, las cuentas se presentan como el broche final de la legislatura, proyectando una imagen de “crecimiento sólido” y “consolidación del avance económico y social”. No obstante, el documento también carga contra el sistema de financiación autonómica, al que acusa de haber generado un déficit acumulado de 15.070 millones de euros para Andalucía entre 2009 y 2023.
El grueso de la ley, compuesta por 42 artículos y 66 disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, establece las directrices de gasto e ingresos para la comunidad autónoma. Entre sus aspectos más destacados se encuentra la congelación retributiva para el personal del sector público andaluz, que “no experimentará incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025”. Esta medida, que afecta a funcionarios, personal laboral, estatutario sanitario y altos cargos, solo se vería revisada si el Gobierno central aprobase subidas con carácter básico. Paralelamente, se aprueban nuevas deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para actividades deportivas, gastos veterinarios de animales de compañía y para familias con miembros celíacos, con efectos retroactivos desde enero de 2025. También se mejora la deducción por alquiler y se universaliza la ayuda por nacimiento o adopción, eliminando el límite de renta.
La exposición de motivos del texto es beligerante con la financiación recibida del Estado. Señala que, solo en 2023, la “infrafinanciación” para Andalucía ascendió a 1.528 millones de euros, y reclama un “fondo transitorio” que palíe este “perjuicio” hasta una reforma del sistema. Esta queja se enmarca en un contexto económico que el Gobierno andaluz califica de “positivo”, con un crecimiento del PIB regional por encima de la media nacional y mínimos históricos de desempleo.
En materia de gestión, el presupuesto introduce novedades como la creación de una disposición adicional para integrar en la relación de puestos de trabajo (RPT) a empleados financiados con fondos europeos, buscando “mayor seguridad jurídica”. Asimismo, aumenta la dotación del Fondo de Participación de los Municipios hasta los 545 millones de euros, un incremento respecto a 2025 que, según la Junta, “reactiva la senda de crecimiento” y refuerza el apoyo a las entidades locales.
Sin embargo, la ley mantiene un fuerte énfasis en la disciplina presupuestaria. Autoriza al Consejo de Gobierno a declarar la “no disponibilidad” de créditos si surge un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad o deuda. Además, limita severamente la contratación de personal temporal y los nombramientos de interinos, permitiéndolos solo en casos “excepcionales” y para cubrir “necesidades urgentes e inaplazables”.
Las oposiciones políticas y los sindicatos podrían criticar la congelación salarial en un contexto de crecimiento económico y beneficios fiscales nuevos. Por otro lado, las medidas sociales y de apoyo a municipios pueden interpretarse como un gesto hacia el electorado en el final del ciclo político. El presupuesto, por tanto, se erige como un documento de balance, que combina la reivindicación frente al Estado, la contención del gast corriente y una política fiscal expansiva en ámbitos sociales concretos.