Cataluña lanza una reforma urgente para blindar la red eléctrica tras el apagón masivo de abril de 2025

El decreto-ley parte de un diagnóstico claro: Cataluña es deficitaria en producción eléctrica y vulnerable a las fluctuaciones de la red. En 2024, la comunidad importó el 12.9% de su demanda, el porcentaje más alto desde 2010, mientras que las renovables solo cubrieron el 21.6% del consumo. El texto vincula directamente esta fragilidad con el "cero eléctrico" de abril de 2025, atribuido por los informes técnicos a una sobretensión multifactorial, y con los posteriores episodios de tensión en septiembre del mismo año.

La respuesta legislativa se articula en torno a cuatro ejes principales: la regulación expresa y la agilización de las instalaciones de almacenamiento con baterías; el impulso a la generación distribuida (autoconsumo, comunidades energéticas y pequeñas instalaciones); la reducción de la conflictividad social y agraria que frena los macroproyectos renovables; y la habilitación de proyectos estratégicos a medio plazo, como las centrales hidroeléctricas reversibles.

Baterías: Un marco regulatorio para una tecnología "viable"

Uno de los pilares es dotar de seguridad jurídica al despliegue de baterías a gran escala. La norma reconoce que se trata de un elemento "relativamente nuevo" y que la legislación catalana no lo regulaba de manera clara, generando inseguridad para promotores, ayuntamientos y ciudadanía. Con 134 proyectos en trámite, el decreto-ley busca atraer la inversión de un programa de ayudas estatales de 700 millones de euros.

Para ello, integra estas instalaciones en la legislación urbanística, otorgándoles la consideración de "infraestructura de utilidad pública o de interés social" en suelo no urbanizable. Además, simplifica trámites: las hibridaciones (añadir baterías a parques solares o eólicos ya autorizados) no requerirán un nuevo proyecto de actuación específica, sino un informe simplificado.

Generación distribuida y autoconsumo: Menos trámites, más agilidad

Con el fin de "acercar la generación al consumo", la norma elimina la necesidad de autorización administrativa previa y de construcción para instalaciones renovables de entre 100 y 500 kW. También facilita la legalización de autoconsumos colectivos y regula por primera vez la "energía eólica de autoconsumo", eliminando la licencia de obras y aclarando requisitos de altura. Otra novedad es la posibilidad de instalar pérgolas solares de hasta 4 metros en aparcamientos o plazas públicas.

Para fomentar la participación ciudadana, se declara a las comunidades energéticas como entidades de "interés público" y se crea un registro. Asimismo, se reforma la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables para estructurarla por veguerías y no de manera centralizada.

El espinoso conflicto con el sector agrícola

El decreto-ley intenta desbloquear uno de los principales cuellos de botella: la oposición a las grandes plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas. Tras un acuerdo entre UNEFCAT (asociación fotovoltaica) y ACATCOR (comunidades de regantes), la norma prohíbe "como regla general" nuevos parques solares en zonas de regadío, estableciendo excepciones para proyectos en tramitación, de autoconsumo o en terrenos no explotados. Se busca, según el texto, "poner fin a la conflictividad histórica" y proteger las inversiones en infraestructuras de riego.

Paralelamente, se refuerza la participación local. Se establecen dos fases: una informativa inicial y una final, cuando el proyecto esté maduro, en la que se abre la inversión a residentes y personas vinculadas al territorio. El objetivo es claro: "Los parques con más participación social tienen menos conflictividad".

Cambios controvertidos en la tramitación

Entre las medidas más críticas se encuentra la posibilidad de transmitir autorizaciones energéticas de proyectos renovables antes de su puesta en marcha. Una modificación del Decreto-ley 16/2019 que pretendía evitar la especulación, pero que ahora se revierte ante la "drástica bajada de precios" de la electricidad, que hace inviables muchos proyectos. El gobierno argumenta que esto evitará el abandono de 945 MW ya autorizados.

Además, se prohíbe a los ayuntamientos establecer "prohibiciones totales y generales" a las renovables en su término municipal, aunque podrán delimitar zonas de exclusión. Se acortan plazos de tramitación y se otorga un papel destacado a la Oficina de Gestión Empresarial para automatizar procedimientos.

Apuesta a largo plazo: Hidroeléctrica reversible y redes

Para el medio plazo, el decreto-ley amplía el plazo de concesión de las centrales hidroeléctricas reversibles de 25 a 50 o incluso 75 años, argumentando que el actual no permite amortizar las enormes inversiones. La Prospectiva Energética de Cataluña prevé multiplicar por cuatro esta potencia para 2030.

También se agiliza la tramitación de líneas eléctricas de transporte y distribución, esenciales para un sistema "bien mallado". Se elimina la licencia de obras para estas infraestructuras, garantizando a los municipios una compensación económica equivalente.

El decreto-ley, que modifica una decena de textos legales, fue convalidado por el Parlamento de Cataluña el 24 de noviembre de 2025. Su éxito se medirá en la capacidad para acelerar la transición energética sin generar nuevos conflictos y en si, efectivamente, consigue que el sistema eléctrico catalán sea menos vulnerable a un nuevo "cero eléctrico".

Fuentes:

Decreto-ley 22/2025, de 28 de octubre, para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Cataluña. Publicado en el BOE núm. 9, de 10 de enero de 2026. BOE-A-2026-562
Resolución 462/XV del Parlamento de Cataluña, de 24 de noviembre de 2025, de convalidación del decreto-ley (Publicada en el DOGC núm. 9549).
Informes del Comité de análisis de la crisis eléctrica del Gobierno de España (junio 2025) y de ENTSO-E (octubre 2025) citados en el preámbulo del decreto-ley.
Datos del Instituto Catalán de Energía y de Red Eléctrica de España (REE) incluidos en la exposición de motivos.