Andalucía aprueba una ley para la regeneración industrial que genera debate sobre la gestión obligatoria de polígonos

Desarrollo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 8 de enero de 2026 la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía. Esta extensa normativa, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo, pretende ser el marco legal para la regeneración, modernización y gobernanza de los más de 2.300 polígonos industriales de la comunidad autónoma. Con 94 artículos y un ambicioso despliegue de instrumentos, la ley aborda lo que la propia exposición de motivos califica como una "obsescencia" generalizada de estos espacios, que "lastra la competitividad" de las empresas andaluzas.

El texto, promovido por el Gobierno de la Junta de Andalucía, se estructura en cinco pilares principales: la creación de un nuevo modelo de "espacio productivo" integrado en la ciudad; el establecimiento de una gobernanza público-privada; la simplificación administrativa para proyectos industriales y energéticos; la puesta en marcha de incentivos económicos; y la promoción de una "cultura productiva". Entre sus herramientas más destacadas se encuentran la Red de Ciudades Industriales, una iniciativa voluntaria de colaboración con municipios que ofrecerá bonificaciones y agilización de trámites; la figura de los Proyectos Tractores de la Industria en Andalucía (PTIA), con beneficios expropiatorios y de tramitación preferente; y el Catálogo de Espacios Productivos, un registro público de suelo industrial.

Sin embargo, el aspecto que promete generar mayor controversia jurídica y social es la creación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). Se trata de corporaciones de base privada pero con fines públicos, a las que, en determinados supuestos, se obligará a adherirse a los propietarios de parcelas en polígonos industriales. Según el artículo 72, la pertenencia será obligatoria cuando el polígono sea declarado "Espacio Industrial Protegido", cuando albergue un "Proyecto Tractor" o cuando así lo apruebe al menos el 51% de los propietarios que representen el 51% del valor catastral. La ley justifica esta "adscripción forzosa" como una limitación al derecho de propiedad (art. 33.2 de la Constitución) por un "interés público superior": luchar contra la obsolescencia industrial y frenar el declive económico.

La exposición de motivos dedica un extenso argumentario a defender esta medida, citando incluso jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre corporaciones profesionales y deportivas. Aduce que sin esta obligatoriedad, siempre habría actores que se beneficiarían de las mejoras colectivas sin contribuir económicamente, el llamado "free rider". No obstante, esta imposición choca frontalmente con el derecho fundamental de asociación (art. 22 CE) en su vertiente negativa, es decir, la libertad de no asociarse. La ley prevé que estas entidades puedan gestionar servicios, imponer cuotas obligatorias a sus miembros y tener una duración de hasta 20 años prorrogables.

Otro punto de posible fricción es la distribución de competencias con los ayuntamientos. Si bien la ley invoca repetidamente la colaboración interadministrativa, introduce instrumentos como las Oficinas Locales de Espacios Productivos (OLEP) y la Red de Ciudades Industriales, que podrían interpretarse como un marco de intervención autonómico en un ámbito tradicionalmente local como la promoción económica y el suelo industrial. Los municipios que se adhieran a la Red deberán asumir compromisos concretos, como establecer bonificaciones fiscales potestativas y agilizar licencias.

En el capítulo de incentivos, la norma establece un programa específico de apoyo con prioridad para polígonos en municipios con riesgo de despoblación, espacios obsoletos y aquellos gestionados por una EGM. También se contempla una tramitación preferente y urgente para proyectos de energías renovables que abastezcan a estos espacios, con reducción de plazos administrativos a la mitad.

La ley ha sido elaborada en el marco del diálogo social, tal como se recoge en su exposición de motivos, siguiendo lo pactado en el Pacto social y económico por el impulso en Andalucía de marzo de 2023. Sin embargo, su aplicación práctica será el verdadero test. La complejidad técnica de la norma, con múltiples catálogos, inventarios, planes y figuras, plantea dudas sobre su agilidad real. Su éxito dependerá en gran medida de la dotación presupuestaria final, que la Disposición Adicional Quinta subordina a "las disponibilidades presupuestarias aprobadas", y de la capacidad de coordinación entre la Junta, las diputaciones y los más de 700 municipios andaluces.

En definitiva, Andalucía se dota de una ley industrial de gran calado que intenta responder a problemas estructurales. Su enfoque, que antepone la regeneración de lo existente a la creación de nuevo suelo, y la colaboración público-privada a la gestión exclusivamente pública, es innovador. No obstante, el equilibrio entre la necesaria eficacia colectiva para revitalizar los polígonos y el respeto a los derechos individuales de propietarios y empresas marcará el debate y, posiblemente, el recorrido judicial de esta normativa en los próximos años.

Fuentes

• Texto Legal Principal: Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía. Publicada en el BOE núm. 7, de 8 de enero de 2026, páginas 2406 a 2490. Enlace al PDF oficial
• Referencias Legales Citadas en la Ley (según análisis del BOE): Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (BOE-A-2021-20916); Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía (BOJA-b-2012-90003); Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía (BOE-A-2010-13465); Estatuto de Autonomía de Andalucía (BOE-A-2007-5825); Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía (BOE-A-2023-9957).
• Marco Constitucional: Constitución Española de 1978 (artículos 22, 33 y 38 principalmente).
• Doctrina Jurisprudencial: Sentencias del Tribunal Constitucional 18/1984 y 67/1985, citadas en la exposición de motivos de la ley para justificar la adscripción forzosa a corporaciones.