El Ministerio de Inclusión convoca 209 plazas para el cuerpo técnico superior de la Seguridad Social

El proceso selectivo, que deberá ejecutarse en un plazo máximo de dos años según la normativa, pretende atender las "necesidades de personal de la Administración pública". Las plazas se financian a través de las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, reflejando una planificación a medio plazo. De las 97 plazas de acceso libre, 8 están reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En el turno de promoción interna, de las 112 plazas, 9 se destinan a este mismo cupo. Los aspirantes solo podrán concurrir por una de las dos vías.

Los requisitos para el acceso libre exigen poseer la nacionalidad española —o ser nacional de un Estado de la UE en las condiciones establecidas— y estar en posesión de un título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. Para la promoción interna, se requiere además pertenecer a cuerpos o escalas del subgrupo A2 y acreditar al menos dos años de servicio activo. La tasa de examen asciende a 31,10 euros para el acceso libre y a 15,55 para la promoción interna, estableciéndose exenciones y bonificaciones para determinados colectivos.

Un proceso selectivo complejo y multifásico

El diseño del proceso es notablemente exigente y se estructura en varias fases. Para el acceso libre, la fase de oposición consta de cuatro ejercicios: un primer ejercicio escrito y oral sobre una amplia parte general y específica; una prueba de idioma (inglés o francés, nivel B2) que puede sustituirse por titulación; un supuesto práctico; y un ejercicio oral ante tribunal sobre cuatro temas extraídos al azar. La fase de promoción interna, de concurso-oposición, tiene una oposición ligeramente diferente y añade una fase de concurso donde se valoran los servicios prestados, el grado personal y los cursos de formación. Todos los aspirantes que superen estas fases deberán realizar un curso selectivo de hasta seis meses antes de su nombramiento definitivo.

Contexto y posibles implicaciones

Esta convocatoria se enmarca en un contexto de constantes desafíos para la Seguridad Social, con un sistema sometido a la presión del envejecimiento demográfico, la sostenibilidad financiera y la gestión de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. La incorporación de más de doscientos técnicos superiores —un cuerpo con funciones de gestión, propuesta y análisis— podría interpretarse como un esfuerzo por reforzar la capacidad técnica de la institución. No obstante, las oposiciones en la Administración General del Estado han sido criticadas frecuentemente por la lentitud de sus procesos, que en ocasiones superan los plazos previstos, generando incertidumbre entre los aspirantes y retrasando la cobertura efectiva de las necesidades de personal.

Desde una perspectiva crítica, la magnitud de la oferta —aunque significativa— podría cuestionarse si es proporcional a las necesidades reales de un sistema tan vasto y complejo. Además, el temario, de una extensión considerable (160 temas entre parte general y específica), y el rigor de las pruebas, plantean una barrera de entrada alta, buscando una selección muy cualificada. La reserva de plazas para personas con discapacidad y las exenciones de tasas para colectivos vulnerables reflejan un intento de alinear el proceso con principios de igualdad e inclusión, en línea con la legislación vigente. El éxito de esta convocatoria se medirá no solo por su desarrollo transparente y ágil, sino por la capacidad de los nuevos funcionarios para contribuir a la modernización y eficacia de la Seguridad Social.

Fuentes

Boletín Oficial del Estado. Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. BOE-A-2025-27070, publicado el 30/12/2025. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/res/2025/12/22/(1)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.