El Estado busca 28 nuevos interventores en un proceso selectivo de alta exigencia y seis ejercicios eliminatorios

La Subsecretaría de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de un proceso selectivo para ingresar en el prestigioso y exigente Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. La resolución, fechada el 23 de diciembre de 2025 y publicada el 30 del mismo mes, detalla un complejo itinerario de oposiciones diseñado para seleccionar a 28 nuevos funcionarios que se encargarán de labores fundamentales de control financiero, auditoría y contabilidad pública. El proceso, que se desarrollará bajo un estricto marco normativo, combina pruebas teóricas y prácticas, e incluye un posterior curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales.

El Ministerio de Hacienda inicia el reclutamiento de nueva savia para uno de sus cuerpos técnicos más especializados. La convocatoria establece la apertura de 28 plazas, distribuidas en 16 para el turno de acceso libre y 12 para promoción interna. En cada uno de estos turnos se reserva una plaza para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los aspirantes solo podrán concurrir por uno de los dos sistemas.

Los requisitos de acceso son elevados. Para el turno libre, se exige estar en posesión de un título de Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. Para la promoción interna, además de la titulación, se requiere pertenecer a cuerpos del subgrupo A2 de la Administración y acreditar al menos dos años de antigüedad. El plazo para presentar solicitudes será de veinte días hábiles a partir del 31 de diciembre de 2025, debiendo realizarse de forma telemática a través del Punto de Acceso General. La tasa de examen es de 31,10 euros para el acceso libre y 15,55 para promoción interna, con exenciones para determinados colectivos.

Un proceso maratoniano de seis ejercicios El núcleo de la selección es una fase de oposición de una gran exigencia técnica y temática. Consta de seis ejercicios eliminatorios para el acceso libre, mientras que para la promoción interna se suma una fase de concurso donde se valoran méritos como la antigüedad, el grado personal y los cursos de formación.

El primer ejercicio evaluará conocimientos de Derecho y Economía mediante un cuestionario escrito de 30 preguntas. El segundo y tercero consistirán en casos prácticos de Contabilidad y Matemáticas Financieras, y Contabilidad Superior, respectivamente. El cuarto ejercicio prueba el conocimiento de inglés o francés, pudiendo acreditarse con un título de nivel B2 o superior. El quinto consiste en responder por escrito a 10 preguntas multidisciplinares sobre Derecho Comunitario, Hacienda Pública y Sistema Financiero. El sexto y último es una prueba oral donde el aspirante debe exponer cuatro temas extraídos al azar de un amplio temario de Derecho Constitucional, Administrativo, Presupuestario y Tributario.

La convocatoria introduce la novedad de permitir la conservación de la nota de algunos ejercicios para futuras convocatorias si se obtiene una calificación especialmente alta (apto consolidado), un mecanismo que busca atraer y retener a candidatos bien preparados.

Curso selectivo y nombramiento Los aspirantes que superen la fase de oposición, y la de concurso en su caso, no obtendrán la plaza de inmediato. Serán nombrados funcionarios en prácticas y deberán superar un curso selectivo de seis meses y medio en el Instituto de Estudios Fiscales. Este curso, de asistencia obligatoria, incluye módulos específicos de igualdad y violencia de género. Solo tras superarlo serán nombrados funcionarios de carrera y podrán optar a un destino, priorizando según su puntuación final.

El órgano de selección, aún por designar, deberá ejecutar el proceso en un plazo máximo de dos años desde su publicación, con un año para completar la fase de oposición. El desarrollo del proceso estará sujeto a principios de transparencia, publicidad y objetividad, y se adoptarán medidas para garantizar la participación en igualdad de condiciones de personas con discapacidad.

Análisis y contexto crítico Esta convocatoria se enmarca en la oferta de empleo público de 2025 y responde a la necesidad de renovar una plantilla clave para la vigilancia de la hacienda pública. Los interventores actúan como garantes de la legalidad del gasto público, una función crucial en un contexto de exigencia de eficiencia y transparencia en la administración.

Desde una perspectiva crítica, el proceso diseñado es de una enorme rigurosidad, planteando una barrera de entrada muy alta que puede limitar el número de candidatos. La extensión del temario, que abarca desde Derecho Mercantil hasta Contabilidad Nacional o el sistema de fondos europeos, refleja la complejidad y responsabilidad del puesto. Si bien esta dureza busca asegurar la excelencia técnica, también podría cuestionarse si no desincentiva a potenciales talentos o si es el método más eficaz para evaluar las competencias necesarias para el puesto más allá del conocimiento enciclopédico.

Por otro lado, la reserva de plazas para promoción interna reconoce y premia la experiencia dentro de la propia administración, ofreciendo un camino de desarrollo profesional a funcionarios técnicos. La inclusión de criterios de igualdad, discapacidad y la exención de tasas para colectivos vulnerables alinean el proceso con políticas sociales más amplias.

El éxito de esta convocatoria no se medirá solo por cubrir las 28 plazas, sino por la capacidad de atraer a los mejores perfiles hacia una función pública que, en cuerpos como este, requiere de un equilibrio perfecto entre conocimiento técnico, integridad ética y compromiso con el interés general.

Fuentes

• Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Hacienda, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. BOE-A-2025-27058. Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 314, de 30 de diciembre de 2025. https://www.boe.es/boe/dias/2025/12/30/pdfs/BOE-A-2025-27058.pdf.
• Real Decreto 651/2025, de 15 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2025.
• Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.