España despliega el sistema para proteger la artesanía y productos industriales con sello de origen europeo

El Gobierno ha activado la maquinaria administrativa para que los productores españoles de bienes artesanales e industriales puedan proteger sus denominaciones de origen a nivel europeo. El Real Decreto 1190/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de diciembre de 2025 y que entrará en vigor este martes 31 de diciembre, establece el procedimiento nacional para la inscripción, modificación y anulación de las indicaciones geográficas (IG) de productos como piedra natural, cuero, porcelana, encajes o muebles, cuyo ámbito territorial supere el de una comunidad autónoma.

La norma transpone al ordenamiento español el Reglamento (UE) 2023/2411, que crea por primera vez un sistema de protección unitario en la Unión Europea para las indicaciones geográficas de productos no agrícolas. Hasta ahora, este escudo legal, que vincula la calidad, reputación o características de un producto a su lugar de origen geográfico y al saber hacer local, solo existía para productos agrícolas, alimentos, vinos y bebidas espirituosas. El nuevo marco busca impulsar economías regionales, crear empleo no deslocalizable, atraer turismo y ofrecer a los consumidores garantías sobre la autenticidad de productos con un fuerte vínculo territorial.

El procedimiento será de dos fases. En la primera, la fase nacional, los solicitantes —que pueden ser agrupaciones de productores, administraciones públicas o, excepcionalmente, un productor único— deberán presentar su petición a través de un sistema digital de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En España, la autoridad nacional competente será la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que examinará la solicitud, pedirá informes preceptivos no vinculantes a las comunidades autónomas afectadas y someterá la propuesta a un período de información pública y posibles oposiciones.

Si la OEPM emite una resolución favorable, se inicia la fase de la Unión, donde el expediente se remite a la EUIPO para su examen y decisión final a nivel europeo. Para las indicaciones cuyo ámbito no traspase los límites de una autonomía, el procedimiento nacional lo gestionará el órgano autonómico designado, aunque la OEPM actuará como enlace obligatorio con Bruselas.

El real decreto, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo, prevé la creación de una Mesa de Coordinación adscrita a la OEPM, formada por representantes de la administración estatal y de las comunidades autónomas, para armonizar criterios y actuar como órgano de asesoramiento. Asimismo, establece un régimen de controles oficiales basado inicialmente en la autodeclaración del productor, complementado con controles por parte de la OEPM o de delegados de control acreditados, para verificar el cumplimiento del pliego de condiciones de cada indicación geográfica.

Una de las disposiciones más relevantes es la transitoria, que otorga un plazo extraordinario hasta el 1 de junio de 2026 para que los nombres ya protegidos o establecidos por el uso en España —como podrían ser "Cuchillería de Albacete" o "Mármol de Macael"— soliciten su inscripción directa en el sistema comunitario mediante un procedimiento simplificado.

Analistas del sector ven en esta norma una oportunidad para poner en valor un rico patrimonio artesanal e industrial que a menudo carecía de herramientas jurídicas para defenderse de imitaciones. No obstante, también señalan el reto que supone para pequeños talleres y microempresas afrontar un procedimiento administrativo que, aunque busca ser ágil y digital, requiere la elaboración de un pliego de condiciones y un documento único detallados. La eficacia del modelo de control, que confía en gran medida en la autodeclaración del productor, también será objeto de escrutinio para garantizar la credibilidad del sistema.

Con esta regulación, España se alinea con una política europea destinada a fomentar la cohesión territorial y la economía circular, protegiendo unos saberes que suelen estar arraigados en zonas rurales o menos desarrolladas. El éxito de la medida dependerá, en gran parte, de la capacidad de difusión y apoyo a los productores para navegar por el nuevo proceso y de la efectiva coordinación entre los distintos niveles de la administración.

Fuentes:

• Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1190/2025, de 26 de diciembre. (BOE-A-2025-27011). Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2025/12/30/pdfs/BOE-A-2025-27011.pdf
• Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.