27/12/2025 · BOE-A-2025-26705
El Gobierno establece los nuevos precios regulados de la luz para 2026
La Orden del Ministerio para la Transición Ecológica fija la parte regulada de la factura, con incrementos en los cargos que financian las renovables y el déficit, y aprueba el reparto del coste del bono social entre las empresas del sector.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha firmado una orden que actualiza los componentes regulados de la factura eléctrica para el próximo año. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre de 2025, la Orden TED/1524/2025 establece los precios de los cargos del sistema, los pagos por capacidad y otros costes para el ejercicio 2026, con entrada en vigor el 1 de enero. La normativa, que desarrolla el marco establecido por el Real Decreto 148/2021, también aprueba el reparto de la financiación del bono social y de la protección a consumidores vulnerables severos, un coste que recaerá en un 48,2% sobre las empresas comercializadoras.
Los cargos son un componente clave de la parte regulada de la factura de la luz, destinados a financiar políticas de Estado como el fomento de las energías renovables (concepto RECORE), la compensación del déficit histórico del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares. Según los nuevos precios unitarios publicados, la mayoría de los segmentos tarifarios, que agrupan a consumidores según su tensión y potencia contratada, experimentarán incrementos en sus términos de energía y potencia para 2026. Por ejemplo, un consumidor doméstico típico (segmento 2) verá subir el término de energía en el periodo punta (P1) a 0,035841 euros/kWh, desde los 0,034654 euros/kWh vigentes en 2025, según datos comparativos de órdenes anteriores. Estos ajustes responden, según la exposición de motivos de la orden, a la "necesidad de ajustarse a las nuevas necesidades de recaudación previstas para el ejercicio 2026".
La orden introduce un tratamiento específico para la recarga de vehículos eléctricos, estableciendo que los puntos de recarga en baja y alta tensión (segmentos 2VE y 3VE) soportarán el 100% de los cargos a través del término de energía, fijando el de potencia en cero euros. Esta medida busca incentivar una gestión flexible de la demanda. Asimismo, se mantiene la exención del pago de cargos para las instalaciones de producción de hidrógeno renovable inscritas en el registro correspondiente, una medida alineada con la estrategia de descarbonización.
Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista social es la financiación del bono social y de la protección a consumidores en riesgo de exclusión. La orden establece cómo se reparte el coste de estas medidas entre los diferentes agentes del sistema. La actividad de comercialización asumirá la mayor parte, con un 48,20%, seguida de la producción (41,14%), la distribución (8,02%), el transporte (1,89%) y los consumidores directos en mercado (0,75%). Este reparto consolida un modelo donde el sector eléctrico en su conjunto, y especialmente las comercializadoras, internalizan el coste de la protección a los vulnerables, sin aportación directa de los Presupuestos Generales del Estado. Los análisis de las asociaciones de consumidores han criticado en ocasiones que este mecanismo termina trasladándose indirectamente al conjunto de los consumidores a través de la factura.
La norma también fija otras partidas significativas. Se destinarán 840,95 millones de euros para compensar los extracostes de generación en los territorios no peninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). Además, se prevé una recaudación de 1.883 millones de euros para continuar amortizando el déficit histórico del sistema, incluyendo la anualidad del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) y el déficit del año 2013.
En el ámbito de la gobernanza del mercado, se establece de forma provisional la retribución para 2026 del Operador del Mercado Ibérico (OMI), Polo Español, en 15,36 millones de euros, con posibles incrementos por costes justificados en ciberseguridad o proyectos de infraestructura. Esta financiación se repartirá a partes iguales entre productores y comercializadores/consumidores directos.
La entrada en vigor de esta orden el primer día del año garantiza la estabilidad regulatoria para el sector, pero reavivará el debate sobre el peso de los costes regulados en la factura final. Mientras el Gobierno argumenta que son necesarios para la transición energética y la protección social, las críticas apuntan a la presión constante sobre el bolsillo de los consumidores y a la opacidad de un sistema de costes donde una parte sustancial escapa a la dinámica de oferta y demanda del mercado mayorista.