El Gobierno prorroga las medidas de protección social ante la falta de Presupuestos para 2026

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2025, publicado este 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que prorroga hasta finales de 2026 un amplio paquete de medidas sociales, energéticas y fiscales inicialmente concebidas como excepcionales. La norma, que entrará en vigor este 25 de diciembre, actúa ante la "extraordinaria y urgente necesidad" derivada de la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, lo que obliga a la prórroga automática de las cuentas de 2023. Este marco legal de urgencia permite al Ejecutivo actualizar pensiones, mantener protecciones para colectivos vulnerables y ajustar la financiación territorial, evitando, según su exposición de motivos, un "impacto negativo" en la tesorería de comunidades autónomas y entidades locales.

La norma, estructurada en seis capítulos y más de sesenta páginas, tiene un alcance transversal. En materia de vivienda, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos por impago de alquiler en situaciones de vulnerabilidad económica, una medida cuyo origen se remonta a la pandemia de COVID-19. El texto justifica esta prórroga por la "sobreexposición financiera" de los hogares, señalando que el 28,1% de los inquilinos españoles destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra muy superior a la media europea (19,2%).

En el capítulo energético, se prorrogan hasta finales de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, establecidos durante la crisis de precios. Así, los consumidores vulnerables mantendrán un descuento del 42,5% en su factura, y los vulnerables severos del 57,5%. También se extiende la garantía de suministro de agua y luz para estos colectivos. El Gobierno argumenta que, si bien los precios se han moderado, persisten "colectivos con dificultad para cubrir sus necesidades energéticas", y es necesario un puente hasta la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2030.

Uno de los ejes centrales del decreto es la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas para 2026. Dado que la prórroga presupuestaria no incluye automáticamente esta actualización, el decreto-ley establece un incremento del 2,7%, equivalente al valor medio del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2025. Este aumento se aplica a las pensiones contributivas de la Seguridad Social, a las de Clases Pasivas del Estado, a las no contributivas y a prestaciones familiares. Asimismo, se actualizan las bases máximas y mínimas de cotización a la Seguridad Social.

En empleo, se prorroga temporalmente la vigencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el real decreto correspondiente al año próximo. Además, se prohíbe a las empresas beneficiarias de ayudas públicas justificar despidos objetivos por el aumento de los costes energéticos hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto también contiene una batería de medidas tributarias, muchas de ellas prórrogas de incentivos que caducaban. Se mantienen los límites de ingresos para que los pequeños autónomos puedan acogerse al método de estimación objetiva en el IRPF y al régimen simplificado del IVA. Se extienden deducciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como para inversiones en eficiencia energética de viviendas y en energías renovables. Asimismo, se declaran exentas del IRPF las ayudas por daños personales a los afectados por los incendios forestales del verano de 2025 y por la DANA de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Un apartado crucial es el de financiación territorial. Ante la prórroba de los PGE de 2023, el decreto actualiza las "entregas a cuenta" que el Estado transfiere a comunidades autónomas y entidades locales para 2026. Utiliza las previsiones de ingresos más recientes (las del Real Decreto-ley 6/2025) en lugar de las obsoletas de 2023, argumentando que de no hacerlo se generarían "insuficiencias tesoreras" que podrían alargar los plazos de pago a proveedores y afectar servicios como la farmacia o la dependencia.

La norma se completa con disposiciones adicionales que, por ejemplo, prorrogan la suspensión de la causa de disolución de sociedades por las pérdidas de 2020 y 2021 o establecen una cotización adicional para bomberos y agentes forestales.

Contexto y crítica implícita El extenso preámbulo del decreto-ley se dedica a justificar minuciosamente la "extraordinaria y urgente necesidad" que exige el artículo 86 de la Constitución para esta figura normativa, recurriendo incluso a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta justificación se basa principalmente en la coyuntura de prórroga presupuestaria, un escenario que se repite y que convierte al decreto-ley en el instrumento habitual para actualizar pensiones y mantener políticas sociales clave.

Si bien las medidas contenidas son, en su mayoría, extensiones de políticas existentes con amplio consenso social (protección de vulnerables, actualización de pensiones), el procedimiento plantea cuestiones sobre la normalización del gobierno por decreto-ley en áreas sensibles de gasto permanente. La norma actúa como un "presupuesto en la sombra", estableciendo gastos e incentivos fiscales para el próximo año ante la imposibilidad política de aprobar los PGE. Esto traslada al Congreso de los Diputados la responsabilidad de convalidar o rechazar en bloque un paquete muy diverso en un plazo muy breve, limitando el debate parlamentario pormenorizado que requiere la ley de presupuestos.

La prórroga hasta 2026 de medidas excepcionales nacidas en 2020 para el desahucio, o en 2022 para la energía, también refleja la cronificación de ciertas crisis y la dificultad para encontrar soluciones estructurales a problemas como la asequibilidad de la vivienda o la pobreza energética. El decreto-ley, por tanto, funciona como un parche de urgencia que garantiza continuidad, pero pospone reformas de mayor calado.