La Justicia catalana crea un tribunal especializado en violencia contra menores a partir de 2026

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso significativo en la organización de la Justicia en Cataluña al decidir la creación de un órgano judicial especializado en delitos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Según el acuerdo publicado este lunes 24 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona será la encargada, de forma exclusiva pero no excluyente, de conocer los asuntos incoados en esta materia a partir del próximo 1 de enero de 2026.

La medida, adoptada en la reunión de la Comisión Permanente del 11 de noviembre y firmada por su presidenta, María Isabel Perelló Doménech, se fundamenta en los artículos 80.3 y 82 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto legal permite al CGPJ atribuir a determinados órganos judiciales "la especialización en una o varias materias" para "mejorar la eficacia y calidad del servicio público de justicia". La decisión llega en un contexto de creciente sensibilización social e institucional sobre la necesidad de una protección judicial reforzada para los menores, impulsada por normativas como la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El acuerdo establece que la especialización será "exclusiva y no excluyente", una fórmula jurídica que, según expertos consultados, busca concentrar el conocimiento en un tribunal concreto sin impedir que otros, en casos excepcionales o por necesidades de reparto, puedan intervenir. Esta ambigüedad en la definición práctica de las competencias es uno de los puntos que podrían generar debate en su aplicación. El propio texto aclara que los asuntos ya en tramitación continuarán su curso en los órganos que los venían conociendo hasta su resolución definitiva, evitando así disfunciones en procesos abiertos.

La creación de esta sala especializada en Barcelona es vista por asociaciones de protección a la infancia como un avance necesario. Defienden que la concentración de casos fomentará una jurisprudencia más uniforme y una mayor pericia de los magistrados en un ámbito delicado que requiere un trato específico y una comprensión profunda de la victimología infantil. No obstante, desde algunos sectores de la judicatura se advierte de riesgos potenciales. La sobreespecialización podría, en teoría, derivar en una fragmentación del sistema o en la saturación de un único órgano, especialmente en una demarcación con el volumen de trabajo de Barcelona. Además, surge la pregunta de si esta medida debería extenderse a otras audiencias provinciales para no crear desigualdades territoriales en el acceso a una justicia especializada.

El acuerdo ha sido comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y a la Generalitat de Cataluña, en un gesto de coordinación entre administraciones. Su puesta en marcha el primer día de 2026 da un margen de varios semanas para la adaptación organizativa interna. La eficacia de esta especialización, sin embargo, dependerá en gran medida de los recursos humanos y materiales que se asignen a la sección y de una coordinación fluida con la fiscalía, los equipos psicosociales y los cuerpos policiales.