21/11/2025 · BOE-A-2025-23549
El Tribunal Supremo anula una disposición clave del real decreto de bienestar animal para granjas porcinas
La sentencia, a petición de una empresa ganadera, declara nula una norma que limitaba el número de cerdas en explotaciones existentes, generando incertidumbre sobre la aplicación de la ley.
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que estima parcialmente un recurso presentado por la empresa Granja Los Alecos, SL, contra el Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo. Esta normativa desarrollaba en España la legislación europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal. La Sala Tercera del alto tribunal, en su sentencia del 3 de noviembre de 2025, ha declarado nulo el número cuatro de la disposición final cuarta del citado real decreto.
La disposición anulada contenía las "disposiciones de adecuación" para explotaciones de ganado porcino ya existentes. En concreto, establecía límites al número de cerdas que podían alojarse en las naves en función de su fecha de construcción o última reforma importante, otorgando plazos para que las granjas se adaptasen a los nuevos estándares. La nulidad de este apartado deja en un vacío legal la transición hacia sistemas más respetuosos con el bienestar animal para un gran número de explotaciones porcinas en España, uno de los principales productores de la Unión Europea.
La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de noviembre de 2025, impone además las costas del proceso a la Administración demandada. El fallo se limita a anular la citada disposición, manteniendo en vigor el resto del Real Decreto 159/2023, que transpone al ordenamiento español el Reglamento (UE) 2017/625 sobre controles oficiales.
Este pronunciamiento judicial llega en un contexto de creciente debate social y presión normativa europea para mejorar las condiciones de vida de los animales de granja. Mientras asociaciones ganaderas han mostrado preocupación por el coste y la viabilidad de las adaptaciones, organizaciones de defensa de los animales y algunos sectores políticos han exigido una aplicación más rápida y estricta de las normativas. La anulación de la disposición transitoria por parte del Supremo, a instancias de una empresa del sector, podría interpretarse como un triunfo para aquellos que argumentan que las cargas administrativas y económicas para los productores son excesivas. Sin embargo, también plantea serias dudas sobre el camino a seguir para armonizar la actividad económica con los estándares de bienestar animal, pudiendo ralentizar la modernización del sector.
La Administración central se enfrenta ahora al reto de articular una nueva norma transitoria que cumpla con los principios jurídicos exigidos por el Supremo y, al mismo tiempo, permita la adaptación progresiva de las explotaciones. La incertidumbre generada afecta a miles de granjas y podría tener implicaciones en los controles oficiales y en la competitividad del sector porcino español.