El Gobierno aprueba subvenciones directas por 42 millones para vivienda, saltándose la concurrencia pública

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, mediante un Real Decreto publicado este viernes 7 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a la concesión directa de subvenciones por un importe total que supera los 42 millones de euros. Los fondos, gestionados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se destinarán a financiar proyectos de vivienda social y realojo en comunidades autónomas y entidades locales concretas. La norma, que entra en vigor este sábado 8 de noviembre, se ampara en una excepción legal que permite obviar la convocatoria pública cuando concurren razones de "interés público, social, económico o humanitario".

El texto legal, el Real Decreto 998/2025, detalla seis adjudicaciones directas. La más cuantiosa, de 15,7 millones de euros, irá al Ayuntamiento de Barcelona para promover viviendas en alquiler asequible. Le siguen una ayuda de 8,3 millones a la Comunidad de Madrid para "impulsar los realojos de la Cañada Real" y obras de habitabilidad, y otra de 5,3 millones al Área Metropolitana de Barcelona con el mismo fin. La Diputación de Barcelona recibirá 5,3 millones y la Diputación de Sevilla, 4 millones, ambos para vivienda social en alquiler. Finalmente, se asignan 3,5 millones a la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) para una promoción de unas noventa viviendas protegidas en Ceuta.

El Ministerio justifica esta vía excepcional de adjudicación, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones, argumentando la "urgencia" de las actuaciones y el hecho de que los beneficiarios son administraciones públicas o una entidad pública empresarial específica (SEPES), lo que "impide su convocatoria mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva". El decreto insiste en que se trata de financiar "actuaciones concretas" que solo pueden llevar a cabo esas entidades, debido a su ámbito competencial o a compromisos preexistentes, como el convenio de 2018 para la actuación en Ceuta.

Contexto legal y controles Esta fórmula de concesión directa está sujeta a un estricto marco legal. La norma requiere que las entidades beneficiarias estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y establece mecanismos de justificación, control y posible reintegro de los fondos. Las ayudas, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses, serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Además, las viviendas promovidas en Barcelona y Sevilla deberán contar con una calificación energética mínima de "A".

Aunque el decreto afirma adherirse a los principios de "necesidad, eficacia y transparencia", y ha pasado por los informes preceptivos de la Abogacía del Estado y Hacienda, la utilización de este procedimiento excepcional suele generar debate. Por un lado, permite agilizar la financiación de proyectos de claro impacto social en un sector tensionado como la vivienda. Por otro, al eludir la concurrencia pública, se sitúa en un terreno delicado donde la discrecionalidad administrativa debe estar sólidamente justificada para evitar percepciones de arbitrariedad o falta de equidad en la distribución de fondos públicos.

El real decreto llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado de la vivienda y tras la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para 2025-2027, en el que ya se contemplaban estas líneas de actuación. La eficacia y la transparencia en la gestión y justificación de estos 42 millones de euros serán ahora el siguiente examen para unas ayudas que, por su diseño, han priorizado la celeridad sobre la competencia.