La Conselleria de Justicia aprueba el diseño final de la nueva Oficina Judicial en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana ha determinado, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de octubre de 2025, la estructura organizativa definitiva de las oficinas judiciales que darán soporte a los nuevos Tribunales de Instancia. Este despliegue, previsto para el próximo 31 de diciembre, representa el último paso de un proceso de transformación impulsado por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El texto legal, de 42 páginas, detalla minuciosamente la organización de los servicios comunes —de tramitación, generales y de ejecución— que agruparán a los funcionarios, sustituyendo el modelo tradicional de oficinas adscritas a juzgados individuales. La reforma busca crear un modelo homogéneo, interoperable y eficiente, fundamentado en principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. Esta "nueva oficina judicial" pivotará sobre estructuras flexibles dirigidas por Letrados de la Administración de Justicia.

La resolución afecta a los partidos judiciales de mayor carga de trabajo en la Comunitat, como Alicante, Castellón, Valencia, Elche, Gandia y Torrevieja, entre otros. Su ámbito de aplicación se extiende también a la organización de las oficinas de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Superior de Justicia, que contarán con un único servicio común de tramitación. Además, consolida servicios autonómicos ya existentes, como el Archivo Judicial Territorial y el Depósito de Piezas de Convicción, e impulsa la creación de grupos de trabajo provinciales y autonómicos para gestionar el cambio organizativo y la implantación del expediente judicial electrónico.

Un proceso largo y escalonado El desarrollo de este nuevo modelo en la Comunitat Valenciana no es nuevo. La resolución enumera un camino iniciado en 2016 con la creación de los primeros servicios comunes procesales. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, en enero de 2025, ha actuado como acelerador definitivo, obligando a adecuar las estructuras ya desplegadas parcialmente. La implantación ha sido progresiva: una primera fase se completó el 1 de julio de 2025, una segunda el 1 de octubre, y esta resolución cierra el ciclo con la transformación de los juzgados restantes el 31 de diciembre.

La norma describe con precisión las funciones de cada servicio común. El Servicio Común de Tramitación se encargará de la ordenación del procedimiento (admisión de demandas, gestión de recursos, agenda de vistas). El Servicio Común General asumirá tareas transversales como registro, reparto, comunicación de actos y atención a la ciudadanía. Por su parte, el Servicio Común de Ejecución gestionará íntegramente la fase de cumplimiento de sentencias, incluyendo procesos de subasta. La resolución especifica qué ocurre en los partidos donde no se cree este último servicio: sus funciones recaerán en el Servicio Común de Tramitación.

Implicaciones y desafíos prácticos El texto no solo diseña organigramas; aborda retos operativos críticos. Reconociendo la necesidad de flexibilidad, prevé que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) puedan modificarse en función de la evolución de la carga de trabajo, la creación de nuevas plazas judiciales o la implantación tecnológica. Un aspecto sensible es la integración del personal de las actuales plantillas de los juzgados en los nuevos servicios comunes, un proceso de "acoplamiento" que la resolución menciona pero no desarrolla exhaustivamente.

La norma también regula aspectos como el servicio de guardia, la coordinación con la oficina fiscal y con las oficinas de justicia en los municipios, e incluso la posibilidad de establecer horarios especiales para ciertos servicios. En su anexo, desglosa la estructura concreta para cada partido judicial, mostrando diferencias significativas. Mientras partidos como Villena o Vinaròs tendrán un Servicio Común de Tramitación y uno General, Valencia dispondrá de una estructura compleja con múltiples áreas y equipos especializados (como el Equipo de Violencia sobre la Mujer o el Equipo de Subastas provincial).

Una reforma con vocación de eficiencia, pendiente de prueba La filosofía que subyace a esta transformación, tal y como la expone el preámbulo de la resolución, es clara: pasar de un sistema rígido a otro flexible que optimice recursos humanos y materiales. El legislador autonómico confía en que la agrupación de funciones en servicios comunes permitirá una gestión más ágil, una especialización más efectiva y una mejor adaptación a las necesidades de los jueces.

Sin embargo, la letra pequeña de la implantación queda en manos de protocolos de actuación que deberán dictar las Secretarías de Coordinación Provincial y de Gobierno. El éxito de la reforma dependerá en gran medida de cómo se materialice esa coordinación, de la dotación efectiva de los puestos de trabajo y de la formación del personal para este nuevo entorno. La resolución abre la puerta a recursos de reposición y contencioso-administrativos, un recordatorio de que cambios de esta envergadura en la Administración de Justicia nunca están exentos de debate y posible contestación.

Fuentes

• Resolución de 11 de octubre de 2025, de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, por la que se determina el diseño de la estructura organizativa de la Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia. Publicada en el BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2025 (BOE-A-2025-22015). Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2025/10/31/pdfs/BOE-A-2025-22015.pdf
• Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76).
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.