31/10/2025 · BOE-A-2025-22014
Transformación judicial en la Comunitat Valenciana: los juzgados dan paso a servicios comunes ante nuevos retos de eficiencia
Una resolución de la Conselleria de Justicia establece la nueva organización para los tribunales de Dénia y Torrent, que entrará en vigor el 1 de octubre, en un proceso marcado por la digitalización y la reorganización del personal.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana ha detallado, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de octubre de 2025, el diseño de la nueva estructura organizativa de la Oficina Judicial que dará soporte a los Tribunales de Instancia en los partidos judiciales de Dénia (Alicante) y Torrent (Valencia). Esta reestructuración, con fecha efectiva de implantación prevista para el 1 de octubre de 2025, supone un paso más en la implementación de la reforma estatal de la Administración de Justicia, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia.
El texto, de más de veinte páginas, despliega un modelo basado en "servicios comunes" que aglutinarán las tareas de soporte procesal y administrativo, sustituyendo la organización tradicional por juzgados individuales. Según la resolución, los actuales Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer de estos dos partidos judiciales se transformarán en "secciones" civiles, de instrucción y de violencia sobre la mujer, respectivamente, dentro de los nuevos Tribunales de Instancia. La oficina judicial que les dará apoyo se articulará en tres pilares: Servicios Comunes de Tramitación, Servicios Comunes Generales y Servicios Comunes de Ejecución.
Esta transformación no es un hecho aislado. Se enmarca en un proceso de modernización de la Justicia que la Comunitat Valenciana inició años atrás, con la creación progresiva de servicios comunes procesales desde 2016, y que ahora se ve acelerado y homogeneizado por el marco estatal. La Ley Orgánica 1/2025 busca precisamente un modelo "homogéneo, interoperable y orientado a la búsqueda de la eficiencia", transitando desde una organización rígida a estructuras flexibles de servicios compartidos.
La resolución describe con minuciosidad las funciones de cada servicio común. El de Tramitación se encargará de la ordenación del procedimiento en fase declarativa, la admisión de escritos, la gestión de recursos y el control de plazos. El Servicio Común General asumirá tareas transversales como el registro y reparto inicial de escritos, la práctica de actos de comunicación, la atención a la ciudadanía y la gestión de salas. Por último, el Servicio Común de Ejecución se centrará en la fase de cumplimiento de sentencias y resoluciones. Todos ellos estarán dirigidos por Letrados de la Administración de Justicia.
Entre las implicaciones más significativas de este cambio se encuentra la integración de las plantillas de funcionarios de los antiguos juzgados en estas nuevas estructuras. La resolución prevé la "adaptación de las relaciones de puestos de trabajo" y un "proceso de acoplamiento del personal a los puestos resultantes". Este aspecto, aunque presentado como una optimización de recursos, podría suponer un período de ajuste y redefinición de roles para el personal al servicio de la Administración de Justicia, en un sector ya históricamente tensionado por la carga de trabajo.
La reforma promete ganancias en eficiencia mediante la especialización, la racionalización de tareas y un mayor aprovechamiento de las tecnologías digitales. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre su implementación práctica. La efectiva coordinación entre los diferentes servicios comunes, la definición clara de responsabilidades en un esquema más complejo y la gestión de la posible saturación de estos centros de servicio único serán desafíos clave a superar. Además, la resolución deja abierta la puerta a futuras modificaciones en el diseño inicial "en función de la evolución de las cargas de trabajo" o "el impacto de la creación de nuevas plazas judiciales".
La elección de Dénia y Torrent como pioneros en esta fase (la segunda, tras una primera implantación el 1 de julio) servirá presumiblemente como banco de pruebas para extender posteriormente el modelo al resto de partidos judiciales de la Comunidad, en un calendario marcado por la disposición transitoria de la ley estatal. El éxito o las dificultades de esta reestructuración en estos dos ámbitos serán, por tanto, un termómetro crucial para una de las reformas organizativas más ambiciosas de la Justicia en los últimos años.