29/10/2025 · BOE-A-2025-21725
El Gobierno aprueba un nuevo paquete de ayudas un año después de la DANA que devastó el Levante
El Real Decreto-ley 12/2025 amplía y ajusta medidas económicas, industriales y sociales, inyectando nuevos recursos y flexibilizando plazos, mientras persisten las secuelas de una catástrofe que causó 237 víctimas mortales.
Un año después de que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de octubre de 2024 causara una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de España, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley con medidas urgentes para la "reactivación, refuerzo y prevención". La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de octubre de 2025, llega en un contexto en el que, según el propio texto, "los efectos devastadores continúan presentes" en las zonas afectadas, especialmente en la Comunitat Valenciana.
El dispositivo legal, el quinto de carácter urgente relacionado con esta catástrofe, tiene como objetivo declarado apuntalar la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento: la del "relanzamiento y transformación del territorio". El Gobierno cifra en más de 8.000 millones de euros las ayudas y subvenciones ya abonadas, un "programa sin precedentes" que este nuevo decreto busca complementar y ajustar.
Un amplio abanico de medidas transversales La norma se estructura en cinco capítulos que abarcan desde la financiación a empresas hasta el apoyo al sector cultural. Uno de los ejes centrales es la activación de nuevos instrumentos financieros. Por un lado, se habilita una línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con un tramo no reembolsable de hasta el 30%, dotada inicialmente con 750 millones de euros y un componente de ayuda de 181 millones provenientes del Plan de Recuperación (PRTR). Está dirigida a pymes que enfrenten disrupciones por fenómenos extremos o tensiones en cadenas de suministro.
Por otro, se crea una línea estructural de avales del Estado, por un importe máximo de 5.000 millones de euros hasta 2040, para hogares, empresas y autónomos afectados por futuras emergencias de protección civil. Este mecanismo, que se incorpora a la Ley de Protección Civil, busca institucionalizar una herramienta ya utilizada durante la pandemia y en la respuesta inicial a la DANA, con el fin de "actuar sin dilaciones" ante nuevas crisis.
Flexibilización de proyectos estratégicos y apoyo social El decreto-ley aborda también los retrasos acumulados en proyectos industriales clave debido a la escasez de materiales y maquinaria tras la catástrofe. Concede ampliaciones de plazo, hasta junio de 2026, para la justificación de proyectos del PERTE Naval en la provincia de Valencia. Asimismo, introduce una significativa flexibilización en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC): el requisito de que al menos un 30% de la ayuda beneficie a pymes ya no se calculará por cada proyecto individual, sino a nivel global del programa, un cambio justificado por las "reconfiguraciones" en las cadenas de valor globales.
En el ámbito social, se prorrogan hasta comienzos de 2026 los aplazamientos en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social para autónomos y empresas afectadas, y se establece una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos autónomos que ya la venían percibiendo. También se amplían los plazos de ejecución de subvenciones en materia de vivienda, servicios sociales y patrimonio histórico-turístico, reconociendo las "notables dificultades" encontradas.
Críticas implícitas y cuestiones pendientes Aunque el texto se presenta como una herramienta de urgencia y necesidad extraordinaria —ámbito propio del decreto-ley—, su propia existencia un año después de los hechos plantea interrogantes sobre la planificación y agilidad de la reconstrucción. La norma actúa en gran medida corrigiendo, ampliando y flexibilizando medidas de decretos anteriores, lo que podría interpretarse como un reconocimiento de rigidices burocráticas o diseños iniciales poco adaptados a una crisis prolongada.
La creación de una línea de avales estructural para futuras catástrofes es quizá la medida más trascendente a largo plazo, ya que institucionaliza la respuesta económica del Estado ante emergencias climáticas, cuya frecuencia se prevé creciente. Sin embargo, surge la duda de si esto podría normalizar el uso de instrumentos excepcionales de deuda garantizada por el erario público.
El enfoque crítico también debe señalar la complejidad administrativa que se trasluce: la norma modifica artículos concretos de al menos tres decretos-leyes previos, lo que genera un entramado legal de difícil seguimiento para los ciudadanos afectados. Además, mientras se inyectan nuevos fondos, el decreto reconoce abiertamente problemas en la ejecución de los ya concedidos, como retrasos en obras de patrimonio o en la justificación de ayudas a municipios.
La catástrofe, con su terrible balance de 237 fallecidos, puso de manifiesto la vulnerabilidad del territorio. Este real decreto-ley, más allá de la necesaria ayuda económica, intenta incluir una tímida capa de prevención con una línea de 60 millones en subvenciones para que municipios adapten edificios al riesgo de inundación. Una medida cuya escala parece modesta frente a la magnitud del desafío climático que eventos como la DANA de 2024 evidenciaron de forma dramática.