23/10/2025 · BOE-A-2025-21354
Educación aprueba la formación obligatoria en emergencias para todos los colegios e institutos
El plan, impulsado tras la DANA de 2024, será de aplicación en el curso 2025-2026 y busca crear una "cultura de la prevención" ante catástrofes naturales o tecnológicas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles 23 de octubre de 2025 la resolución que hace público el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación por el que se aprueba el Plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios. Este programa, de carácter obligatorio para todos los centros públicos y privados, supone la institucionalización de la enseñanza en prevención y respuesta ante catástrofes en las aulas españolas, un mandato que nace directamente de las lecciones extraídas tras los graves episodios de inundaciones del otoño de 2024.
El documento, fechado el 20 de octubre y firmado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz, formaliza un acuerdo adoptado por las comunidades autónomas y el Ministerio el pasado 12 de junio. Su fundamento legal se encuentra en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, modificada por el Real Decreto-ley 7/2024, norma de urgencia aprobada tras los "especialmente graves y trágicos" daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) a finales de octubre de 2024. Esta modificación legal atribuyó expresamente al Ministerio de Educación la elaboración de un plan formativo obligatorio.
El objetivo declarado es "extender la cultura de la prevención" y garantizar la formación de toda la comunidad educativa —alumnado, profesorado y personal— para responder ante cualquier emergencia, ya sea de origen natural (inundaciones, terremotos, incendios forestales) o humano (accidentes tecnológicos, industriales). El plan se vertebra sobre principios de inclusión y atención a la diversidad, exigiendo que se preste especial atención a las necesidades del alumnado con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
La implantación está prevista a partir del curso escolar 2025-2026. Las administraciones educativas autonómicas deberán establecer el calendario concreto, pero el plan fija unos mínimos obligatorios: el alumnado de Infantil y Primaria recibirá al menos dos horas de formación anual, mientras que en el resto de etapas no universitarias el mínimo será de cuatro horas. La formación será impartida por una combinación de profesorado del centro y profesionales o voluntarios de los servicios de protección civil autonómicos y locales, quienes deberán acreditar no tener antecedentes por delitos sexuales.
Los contenidos mínimos, detallados en un anexo, abarcan desde la prevención y los sistemas de alerta hasta la identificación de riesgos y las medidas de autoprotección específicas para fenómenos como inundaciones, terremotos o incendios forestales. No obstante, el plan reconoce la necesidad de adaptación al contexto local. Las comunidades autónomas y los propios centros podrán —y, en función de los mapas de riesgo, deberán— complementar esta formación básica para abordar las contingencias más probables en su territorio, como el riesgo volcánico en Canarias o los incendios forestales en el mediterráneo.
Esta descentralización en la concreción y ejecución plantea uno de los principales retos del plan: garantizar una implementación homogénea y con recursos suficientes en todo el territorio. Si bien el Ministerio del Interior y el de Educación se comprometen a elaborar y compartir materiales didácticos comunes, la carga organizativa y logística recae sobre las administraciones autonómicas y los centros. La efectividad del plan dependerá en gran medida de la capacidad de coordinación, la formación previa del profesorado y la dotación presupuestaria para estas actividades, aspectos que el documento marco deja en manos de las comunidades autónomas.
La resolución incluye un mecanismo de seguimiento, en el que la inspección educativa de cada autonomía supervisará la aplicación, y el Ministerio elevará informes a la Conferencia Sectorial y al Consejo Nacional de Protección Civil. Con esta medida, el sistema educativo español da un paso significativo para institucionalizar la resiliencia frente a desastres, un aspecto cada vez más crítico en el contexto de la crisis climática. Su éxito, sin embargo, se medirá no en la publicación del plan, sino en su capacidad para traducirse en protocolos claros, formación práctica y, en última instancia, en una comunidad educativa genuinamente preparada.