El Gobierno crea el Consejo Asesor de Vivienda para incorporar a los agentes sociales en las políticas de vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha formalizado la creación del Consejo Asesor de Vivienda mediante la Orden VAU/1022/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de septiembre de 2025. Este órgano colegiado, de carácter técnico y consultivo, nace como instrumento para garantizar la participación de diversos actores sociales en la elaboración y desarrollo de la política de vivienda, tal y como establecía el artículo 26 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Consejo Asesor de Vivienda estará integrado por representantes de organizaciones sindicales, empresariales, entidades del tercer sector, asociaciones de propietarios, entidades financieras, colegios profesionales y expertos académicos. En total, contará con 25 miembros, además de la presidencia, que recaerá en la titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García. La secretaría del consejo será ejercida por un funcionario de carrera del subgrupo A1 de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura.

Entre las funciones asignadas al consejo destacan la conformación de un espacio de diálogo técnico con los actores implicados, el asesoramiento en planes y programas estatales de vivienda, la propuesta de medidas para garantizar un parque de vivienda adecuado y suficiente, y la orientación de la colaboración público-privada. El órgano se reunirá al menos una vez cada seis meses y elaborará anualmente una memoria de actividades.

La orden ministerial establece que el funcionamiento del consejo no implicará incremento del gasto público, ya que se atendrá a los medios personales y materiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los miembros del consejo serán nombrados por un período de dos años, renovables, y cesarán en sus funciones por causas como la renuncia, la pérdida de requisitos o la expiración del mandato.

La creación de este órgano se enmarca en el desarrollo de la Ley de Vivienda de 2023, que busca reforzar el derecho a una vivienda digna y adecuada. No obstante, surgen interrogantes sobre la capacidad real de incidencia de un órgano consultivo en las políticas concretas, así como sobre la representatividad efectiva de todos los intereses en juego en el complejo ámbito de la vivienda.