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15/08/2025 · BOE-A-2025-16907

Cataluña crea una nueva escala funcionarial en bomberos ante la crisis climática

El decreto-ley 14/2025 transforma puestos laborales en funcionariales y modifica retribuciones para reforzar los servicios de emergencia

El Gobierno catalán ha establecido mediante decreto-ley una nueva estructura operativa en el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat, justificando la medida por la "extraordinaria y urgente necesidad" derivada de la crisis climática. Publicado en el BOE el 15 de agosto de 2025, el texto modifica la Ley 5/1994 para crear la "escala de apoyo" funcionarial, que integrará categorías laborales preexistentes.

La reforma convierte en funcionarios cuatro perfiles técnicos: Gestores de Sala de Coordinación (TECOR), Especialistas de Operaciones de Vuelo (TEOV), Auxiliares de Prevención Forestal (EPAF) y Técnicos de Gestión Logística (TELOG). Según el preámbulo, estos profesionales realizan "funciones de naturaleza operativa esencial" que requieren "vinculación estatutaria". El decreto argumenta que los incendios de "quinta y sexta generación", con intensidad y desestacionalización crecientes, "desbordan los esquemas operativos tradicionales".

Además, la norma introduce modificaciones retributivas al habilitar el "complemento de carrera profesional" que requería "habilitación legal expresa". Esto regulariza un vacío jurídico que, según el texto, podía generar "disfunciones organizativas" y afectar la "cohesión interna" del cuerpo.

En materia de protección al personal, el decreto establece la equiparación de las coberturas por accidente para todo el personal operativo "con independencia de su vinculación laboral o funcionarial", medida que entrará en vigor el 1 de junio de 2025 para cubrir la campaña forestal. El régimen de incompatibilidades también se refuerza para garantizar la "disponibilidad inmediata" ante emergencias.

El Gobierno catalán fundamenta la elección del decreto-ley (norma que requiere posterior convalidación parlamentaria) en la imposibilidad de afrontar los "plazos ordinarios" ante la "emergencia climática y operativa". Cabe destacar que esta figura jurídica, según el Estatuto de Autonomía, no puede afectar derechos fundamentales ni determinadas materias reservadas a ley ordinaria. El texto fue convalidado por el Parlament el 23 de julio mediante Resolución 340/XV.

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