14/08/2025 · BOE-A-2025-16903
El Tribunal Constitucional declara extinto el recurso sobre vacunación obligatoria en el País Vasco por falta de objeto
La sentencia 142/2025 archiva la impugnación estatal tras quedar previamente anulada la norma vasca en otra resolución judicial
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado extinguido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra un precepto de la ley vasca de gestión pandémica que permitía exigir la vacunación contra la COVID-19. La sentencia 142/2025, publicada este 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), argumenta que la impugnación perdió su objeto tras una sentencia anterior que ya había anulado la disposición autonómica.
El conflicto jurídico se originó cuando el presidente del Gobierno recurrió en marzo de 2022 el inciso "este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación" del artículo 14.3 de la Ley Vasca 2/2021. El Ejecutivo central consideraba que esta disposición vulneraba la reserva de ley orgánica (artículo 81.1 de la Constitución) al afectar al derecho a la integridad física, y rebasaba las competencias estatales en sanidad (artículo 149.1.16 CE). El TC admitió el recurso y suspendió cautelarmente la aplicación del precepto en abril de 2022.
Tanto el Gobierno Vasco como el Parlamento Vasco defendieron la constitucionalidad de la norma, alegando que no establecía vacunación obligatoria sino consecuencias ante su rechazo, dentro de un marco temporal limitado a la emergencia pandémica. Sin embargo, durante la tramitación, otro recurso paralelo (núm. 6174-2021) concluyó con la Sentencia 133/2025 de 10 de junio, que declaró inconstitucional y nulo precisamente el mismo inciso impugnado, por invadir la reserva de ley orgánica.
Esta circunstancia determinó, según el TC, la "pérdida sobrevenida de objeto" del recurso principal. Los magistrados aplicaron doctrina consolidada (STC 127/2024) que establece la extinción de procesos cuando desaparece el elemento controvertido. La resolución subraya que la expulsión previa del precepto del ordenamiento jurídico hace innecesario pronunciarse sobre los argumentos competenciales esgrimidos inicialmente por el Gobierno central.
La decisión cierra un contencioso que reflejó tensiones competenciales durante la gestión sanitaria de la pandemia, aunque sin entrar en el fondo del debate sobre la vacunación obligatoria. El TC evitó así un pronunciamiento sustantivo sobre los límites de las comunidades autónomas para imponer medidas sanitarias restrictivas de derechos fundamentales sin cobertura de ley orgánica.