15/07/2025 · BOE-A-2025-14595
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Galicia contra el decreto de protección a menores migrantes
La Xunta de Galicia impugna ante el alto tribunal el real decreto-ley que establece medidas urgentes para la infancia en contextos de crisis migratorias, alegando posible invasión de competencias autonómicas.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4527-2025, interpuesto por la Xunta de Galicia contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. Esta normativa, aprobada por el Gobierno central, busca implementar medidas urgentes para garantizar el interés superior de menores y adolescentes en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. La providencia, fechada el 8 de julio de 2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de julio del mismo año, da inicio al proceso judicial que evaluará la constitucionalidad del decreto.
El real decreto-ley impugnado fue aprobado en marzo de 2025 con el objetivo de addressar crisis migratorias que afectan específicamente a menores no acompañados y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entre sus disposiciones, se incluyen protocolos de actuación rápida, mecanismos de coordinación entre administraciones y medidas de protección social. No obstante, la Xunta de Galicia alega que el decreto invade competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección de menores, ámbitos que, según su postura, corresponden a las comunidades autónomas en virtud del marco constitucional y estatutario.
El recurso admitido por el Tribunal Constitucional sitúa en el centro del debate jurídico el equilibrio entre la capacidad del Estado para legislar en situaciones de urgencia y el respeto a las competencias autonómicas. Expertos en derecho constitucional subrayan que los reales decretos-leyes, aunque permiten al Gobierno actuar con celeridad en circunstancias excepcionales, están sujetos a control parlamentario y judicial para evitar que vulneren la distribución de competencias. La admisión a trámite no prejuzga el fondo del asunto, pero refleja que el alto tribunal considera fundados, al menos inicialmente, los argumentos esgrimidos por Galicia.
Este caso se enmarca en una tendencia recurrente de conflictos competenciales entre el Gobierno central y comunidades autónomas, particularmente en políticas sociales y de inmigración. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han manifestado preocupación por el impacto que un prolonged proceso judicial podría tener en la aplicación efectiva de las medidas, advirtiendo de que la incertidumbre legal podría afectar a la protección inmediata de menores en situación de riesgo. Por otro lado, algunas voces críticas con el decreto consideran que la centralización de competencias en materia migratoria podría menoscabar la capacidad de las autonomías para adaptar las políticas a sus realidades específicas.
El Tribunal Constitucional deberá ahora analizar si el real decreto-ley cumple con los requisitos de urgencia y necesidad que justifican su aprobación por esta vía, y si sus disposiciones respetan el reparto competencial establecido en la Constitución. El proceso podría extenderse varios meses, durante los cuales la normativa permanecerá en vigor salvo que el tribunal decida adoptar medidas cautelares. La resolución final sentará un precedente significativo sobre los límites de la acción gubernamental en contextos de crisis humanitarias y su articulación con el modelo autonómico.