15/07/2025 · BOE-A-2025-14594
El Tribunal Constitucional admite el recurso de Andalucía contra el decreto de protección a menores migrantes
La Comunidad Autónoma impugna las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para garantizar el interés superior de la infancia en contingencias migratorias extraordinarias
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4458-2025, interpuesto por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de marzo, establece medidas urgentes para la protección de menores y adolescentes en situaciones de crisis migratorias.
La providencia, fechada el 8 de julio de 2025 y publicada en el BOE el 15 de julio del mismo año, da curso a la impugnación presentada por la comunidad autónoma andaluza, que cuestiona la constitucionalidad del decreto-ley. El texto recurrido tiene como objetivo garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias, un tema de especial sensibilidad en un contexto de creciente presión migratoria en las costas españolas.
El recurso andaluz se enmarca en un debate más amplio sobre las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de asistencia social, extranjería y protección de menores. Andalucía, como puerta de entrada de flujos migratorios, ha manifestado en otras ocasiones su desacuerdo con la gestión centralizada de estas crisis, abogando por un mayor papel autonómico en la toma de decisiones.
El Real Decreto-ley 2/2025 fue aprobado por el Gobierno en ejercicio de su potestad legislativa en casos de extraordinaria y urgente necesidad, alegando la necesidad de responder con agilidad a situaciones humanitarias críticas. No obstante, su admisión a trámite por el Tribunal Constitucional abre la puerta a un examen en profundidad sobre su ajuste a la distribución competencial establecida en la Carta Magna.
Expertos en derecho constitucional y administrativo señalan que este caso podría sentar un precedente significativo en la delimitación de competencias en materia de inmigración y protección de menores, ámbitos donde often se solapan las responsabilidades estatales y autonómicas. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han mostrado su preocupación por que el litigio judicial pueda retrasar o dificultar la aplicación de medidas de protección urgentes.
El Tribunal Constitucional deberá ahora analizar si el decreto-ley incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas o por cualquier otro defecto de forma o fondo. Mientras tanto, la norma recurrida mantiene su vigencia, aunque su futuro jurídico queda en suspenso pendiente de la sentencia definitiva.