15/07/2025 · BOE-A-2025-14593
El Tribunal Constitucional admite el recurso contra el decreto de protección a menores migrantes
La Junta de Castilla-La Mancha impugna medidas urgentes del gobierno central por posible inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en contextos de crisis migratorias extraordinarias. La providencia, fechada el 8 de julio de 2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de julio del mismo año, da curso a una impugnación que cuestiona tanto el decreto como su convalidación por el Congreso de los Diputados el 10 de abril de 2025.
El Real Decreto-ley 2/2025 fue aprobado por el gobierno central con el objetivo de abordar situaciones de emergencia migratoria que afectan a menores, estableciendo protocolos de actuación, registros administrativos y mecanismos de tutela. Sin embargo, la Junta de Castilla-La Mancha alega que la norma invade competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección a la infancia, argumentando que el uso del decreto-ley —una figura legal reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad— no estaba justificado.
Este recurso se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes entre el gobierno central y algunas comunidades autónomas sobre la distribución de competencias en políticas migratorias y sociales. El Tribunal Constitucional deberá ahora evaluar si el decreto-ley cumple con los requisitos constitucionales de urgencia y necesidad, y si respeta el marco competencial establecido en el Estado autonómico.
La admisión a trámite no prejuzga el fondo del asunto, pero abre un proceso que podría prolongarse durante meses, generando incertidumbre sobre la aplicación de las medidas incluidas en el decreto. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han expresado preocupación por el impacto que un eventual retraso podría tener en la protección de menores vulnerables en situaciones de crisis migratorias.
Por otro lado, el gobierno central defiende la legalidad y necesidad de la norma, destacando su carácter excepcional ante la llegada masiva de menores no acompañados en contextos de emergencia. El debate judicial subraya la complejidad de articular respuestas rápidas y coordinadas en un sistema descentralizado, donde las competencias están distribuidas entre múltiples administraciones.