09/06/2025 · BOE-A-2025-11599
Interior establece un procedimiento exprés de pago anticipado para las ayudas a municipios arrasados por la DANA de 2024
Una orden ministerial busca acelerar la llegada de fondos a los ayuntamientos más afectados por las inundaciones, reconociendo la lentitud del proceso ordinario y la magnitud de los gastos de emergencia.
El Ministerio del Interior ha publicado este lunes, 9 de junio de 2025, una orden que modifica el procedimiento de concesión de las ayudas destinadas a que los municipios afronten los gastos de la respuesta de emergencia a la catastrófica Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 causó inundaciones históricas, decenas de fallecidos y daños millonarios en infraestructuras y servicios esenciales. La Orden INT/592/2025, fechada el 6 de junio, responde a una realidad incómoda: el mecanismo de subvenciones ordinario, previsto en el Real Decreto-ley 6/2024, se ha demostrado demasiado lento y rígido para la escala de la catástrofe, dejando a las corporaciones locales con una pesada carga financiera.
La norma, que entra en vigor este martes 10 de junio, establece dos vías para que los municipios del anexo del real decreto-ley reciban el dinero. La principal novedad, y el núcleo de la crítica implícita al sistema anterior, es la creación de una modalidad de "pago anticipado de subvención prepagable". Bajo esta figura, los ayuntamientos no necesitarán presentar inicialmente todas las facturas justificativas. Bastará con que remitan una certificación municipal, firmada electrónicamente por el secretario-interventor, donde desglosen las actuaciones de emergencia realizadas, sus importes y ubicación. Verificada esta certificación por Protección Civil, se procederá al abono del importe estimado, acelerando significativamente el flujo de caja para las arcas municipales, a menudo exhaustas tras la crisis.
El texto del BOE justifica esta medida al constatar que "el elevado número y la complejidad de las actuaciones" ha generado "un volumen muy elevado de gastos de emergencia" en los consistorios. La orden detalla con minuciosidad qué se considera gasto subvencionable, intentando maximizar la cobertura. Se incluyen costes de evacuación y alojamiento de afectados, retirada de escombros y lodos, pequeñas reparaciones urgentes en infraestructuras de agua, luz o telecomunicaciones, apuntalamientos de edificios, alquiler de maquinaria y adquisición de materiales necesarios. Sin embargo, establece una exclusión significativa y potencialmente polémica: no serán subvencionables los gastos de personal, ni siquiera de bomberos, policía local o protección civil, cuando se trate de efectivos que ya estaban contratados antes de la emergencia. Solo se cubren los servicios y suministros externos contratados para la ocasión.
Analistas de la administración local consultados para este artículo señalan que, si bien el pago anticipado es una buena noticia, la orden llega con retraso –siete meses después de la catástrofe– y establece un plazo muy corto para que los ayuntamientos decidan. Aquellos que quieran acogerse al pago anticipado deben presentar una solicitud expresa en los quince días naturales siguientes a la publicación, un período que puede ser insuficiente para muchas administraciones que aún gestionan las secuelas. Quienes no lo hagan, quedarán automáticamente en el procedimiento de "pago en firme", más lento y burocrático.
La orden también contempla la rendición de cuentas a posteriori. Los municipios que reciban el anticipo tendrán tres meses, desde el cobro, para presentar la documentación justificativa definitiva. Si se detectase un exceso en la financiación recibida, deberán reintegrarlo, aunque se abre una puerta a la compensación de deudas en casos justificados. Este mecanismo intenta equilibrar la agilidad con el control del gasto público, pero traslada la complejidad administrativa a una fase posterior.
La publicación de esta orden evidencia la tensión habitual en la gestión post-catástrofe entre la necesidad urgente de liquidez en el terreno y los procedimientos de control presupuestario de la Administración General del Estado. Se presenta como una solución pragmática para desatascar fondos ya aprobados, pero también subraya las carencias de un sistema de protección civil cuyos mecanismos financieros de respuesta parecen haber sido desbordados por un evento climático extremo, algo que los expertos advierten que podría repetirse con mayor frecuencia.