04/01/2000 · BOE-A-2000-79
El BOE actualiza la normativa sobre donación y trasplante de órganos
El Real Decreto 2070/1999 incorpora la donación en asistolia y refuerza la coordinación territorial con la Organización Nacional de Trasplantes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 4 de enero de 2000 el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, una norma básica que vino a actualizar exhaustivamente la regulación de las actividades de obtención y uso clínico de órganos humanos. El texto, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, derogó el anterior Real Decreto 426/1980 respondiendo a los avances científico-técnicos y a la necesidad de adaptar el marco legal a la realidad clínica y al modelo sanitario descentralizado.
La nueva regulación amplió los criterios de donación más allá de la muerte encefálica, incorporando de forma expresa la donación en asistolia o parada cardíaca irreversible, una práctica ya validada internacionalmente. Estableció protocolos detallados para el diagnóstico y certificación de la muerte, tanto por criterios neurológicos como cardiorrespiratorios, recogidos en un anexo. Asimismo, definió con precisión los principios de altruismo, gratuidad y confidencialidad, y reguló minuciosamente los requisitos de los centros sanitarios autorizados para extracción y trasplante, los procedimientos de consentimiento informado y la protección de datos.
El Real Decreto reforzó la arquitectura de coordinación en materia de trasplantes. Confirmó y dotó de funciones a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, como la unidad técnica encargada de la distribución, el intercambio y la gestión de las listas de espera a nivel nacional. También previó la creación de unidades de coordinación autonómicas, sectoriales y hospitalarias, y de la Comisión Permanente de Trasplantes dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta norma, dictada al amparo de la Ley 30/1979 y de la Ley 14/1986, General de Sanidad, estuvo vigente hasta su derogación por el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre.